El arqueólogo aduce que aconsejó desmontar el estanque celta de Laguardia inducido por la Diputación

El estanque celtibérico hallado en Laguardia, único en el mundo, se ha convertido en un elemento de discordia entre las tres instituciones implicadas. La Diputación de Álava, que se había escudado en un informe del arqueólogo Iñaki Pereda para explicar su intención de destruir el monumento, indujo a éste a redactar un segundo estudio, contrario a su criterio inicial de proteger el lugar. Al menos eso se desprende de una carta enviada la semana pasada por el propio arqueólogo al Gobierno vasco. El alcalde de Laguardia sigue oponiéndose a conservar el estanque.

Pese a los informes contradictorios que se han manejado con respecto al hallazgo, existe una resolución difícilmente rebatible: el Gobierno vasco, a través de su Consejo Asesor de Arqueología, ha dictaminado que el estanque de Laguardia es "único" en Europa, "un elemento de primer orden" que tendrá que conservarse. Se trata de una especie de piscina con unas medidas de 18 metros de largo, por 15 de ancho, y con una profundidad máxima de 2,70 metros. Es el más antiguo que existe -pertenece al siglo II antes de Cristo- y el único en Europa que no sufrió retoques posteriores que alteraran su estructura. Se mantiene intacto. El jefe de la excavación arqueológica, Iñaki Pereda, contratado por Arabarri (sociedad pública dependiente de la Diputación y de los ayuntamientos alaveses), emitió un informe el pasado 24 de diciembre en el que recalcaba la importancia del descubrimiento. Sin embargo, él mismo escribió un segundo dictamen en el que solicitaba una serie de medidas -como desmontar manualmente los muros y la tierra- ante la posibilidad de que el estanque fuera eliminado. A ese informe se ha acogido el Departamento de Cultura de la Diputación para justificar su petición de liberar el lugar de cargas arqueológicas, es decir, solicitó la destrucción del monumento. La Diputación ha admitido que pidió a Pereda un segundo informe para que concretara más sus propuestas. Sin embargo, el departamento que dirige Mikel Mintegi (EA) asegura que "no se le recomendó ni sugirió nada". Esta afirmación la rebate el propio arqueólogo en una carta que envió la semana pasada al Gobierno vasco y a las tres diputaciones. En ella, recuerda que el 4 de enero se reunió con representantes de Cultura de la Diputación: "Se me exigió una aclaración del primer informe para que estableciera unas medidas correctoras", comenta el arqueólogo en su misiva. "Y se me comunicó que era inviable la conservación del estanque". Ante esa situación, Pereda redactó un segundo estudio en el que, esta vez sí, incluía varias medidas teniendo en cuenta el caso de que se destruyera el estanque. Competencia del Gobierno En esta materia, la última palabra corresponde al Gobierno vasco, que recopiló los distintos estudios llegados de la Diputación y del propio arqueólogo, y además solicitó otro más a la Universidad del País Vasco. El profesor Julio Núñez dirigió el trabajo y en sus conclusiones coincidía en gran parte con el primer estudio emitido por el equipo de Iñaki Pereda. Comparó el estanque de Laguardia con los máximos exponentes de la arquitectura celtibérica, situados en Francia, y concluyó que el hallazgo alavés "es el ejemplo más antiguo y menos contaminado en toda el área céltica europea". Núñez comentó ayer que la comunidad arqueológica conocía el caso de Laguardia y existía "preocupación por mi parte y también en otras universidades españolas por el futuro que podía deparar" al monumento. Con todos los informes sobre la mesa, se reunió el lunes pasado el Consejo Asesor de Arqueología, que agrupa a las tres diputaciones, a expertos en la especialidad y al propio Gobierno vasco. La reunión se saldó con una resolución en la que se aconseja la protección del estanque y su conservación. Además, entiende que es compatible con las obras previstas en ese solar, donde se pretendían construir 474 plazas de garaje subterráneas, una residencia de ancianos y viviendas. Esta sugerencia se plasmará en breve en un expediente oficial que incoará el Gobierno vasco, con lo que ya quedará directamente protegido el lugar. Posteriormente se formalizará un decreto en el que se catalogará el estanque como un "elemento monumental de primer orden". Ante ambos trámites, tanto el expediente como el decreto, cabe presentar las correspondientes alegaciones.