Acoso y derribo

La dimisión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez como presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) tiene varias interpretaciones posibles, pero la más inmediata y evidente es que no ha podido o no ha querido soportar las presiones, desplantes y ninguneos a los que el Gobierno le venía sometiendo en los dos últimos años. Su firme oposición pública, fundamentada con abundante documentación, a la enmienda de titulización de 1,3 billones de pesetas en favor de las compañías eléctricas, aprobada de forma ventajista en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto, fue la gota que ha colmado el vaso. El conflicto de la titulización fue el último episodio de una larga trayectoria de divergencias con el Ministerio de Industria, jalonada por las críticas a la excesiva cuantía de las ayudas concedidas a las eléctricas a cuenta de la liberalización del mercado o la denuncia de las tímidas rebajas de tarifas eléctricas.Decir que el Gobierno de Aznar ha perseguido a Fernández Ordóñez hasta obligarle a tirar la toalla no es precisamente un ejercicio de tremendismo. Las pruebas de esta persecución política son abundantes. Una de ellas es la creación de una Comisión Energética Nacional, introducida con calzador en la Ley de Hidrocarburos para anular la función de la CNSE. Una de las razones que ha esgrimido elegantemente el dimitido ha sido su intención de evitar el disparate que supone mantener el funcionamiento paralelo de dos comisiones con tareas similares. Otra prueba del acoso es el recorte del presupuesto de la Comisión, decidido a modo de revancha pueril tras sus críticas a la excesiva cuantía de las subvenciones a las eléctricas, o los mezquinos recordatorios de la afiliación de Fernández Ordóñez al PSOE, que en ningún caso le impidió oponerse a decisiones de los gobiernos socialistas cuando lo consideró necesario.

Sería trivializar la cuestión entender que el acoso (y derribo) de Fernández Ordóñez es solamente un caso de animadversión personal o de venganza contra un alto cargo superviviente de etapas políticas anteriores. La experiencia ha demostrado que este Gobierno es refractario a los ejercicios de poder independiente que equilibren el suyo. Antes de que Fernández Ordóñez elevara su voz para denunciar los abusos contra los consumidores, el Ministerio de Industria ya había modificado artículos legales para degradar a la Comisión Eléctrica -concebida como un organismo regulador del sector- hasta convertirla en un simple organismo consultivo, sin voz ni poder propio. Está en la naturaleza de este Gobierno mostrarse contrario a las posiciones críticas no autorizadas por él y despreciar los controles reguladores que limiten el ejercicio discrecional del poder.