La gran industria pide al Gobierno que incluya 300 millones de ayudas en las medidas de final de año

La gran industria nacional espera que el Gobierno sea sensible a sus necesidades antes de que termine el año. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), patronal de compañías como Acerinox, ArcelorMittal, Alcoa o Celsa, acaba de remitir una carta a los ministerios de Economía, Industria y Transición Ecológica en la que solicita que tomen medidas urgentes para paliar el incremento de costes que están sufriendo.

En la misiva, a la que ha tenido acceso este medio, la asociación solicita a las secretarías de Estado concernidas “la recuperación de la exención en el pago del 80% de los peajes eléctricos desde julio de este año y su extensión al próximo ejercicio”. Ambas medidas suponen una bonificación de más de 300 millones de euros (100 millones de julio a diciembre y otros más de 200 por 2026), añaden fuentes del sector, que factura alrededor de 20.000 millones al año y emplea a 186.000 trabajadores a nivel nacional.

La carta, firmada por el presidente de Asturiana de Zinc y de AEGE, Carlo Navalpotro, recuerda que dicha exención quedó en vía muerta por el bloqueo político del Congreso de los Diputados. La ayuda ha decaído ya por dos veces. “El Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, incluía entre dichas medidas el restablecimiento del mecanismo de apoyo para mejorar la competitividad de la industria electrointensiva”, recuerda la carta que asegura que “esta medida servía para contrarrestar parcialmente la pérdida de competitividad a la que está sometida la industria electrointensiva desde el 2021 y para equiparar a la industria nacional con la de otros países de nuestro entorno”.

“En un momento como el actual en el que nuestro país figura como un importante polo de atracción de inversiones industriales sostenibles, las señales de competitividad en el precio eléctrico son esenciales para consolidar esta apuesta”, concluyen las misivas enviadas a las distintas administraciones. Algunas compañías también han remitido estas cartas este mismo lunes a los responsables autonómicos de las comunidades donde operan (AEGE representa a 89 fábricas en España).

Las fechas en las que la gran industria española ha llevado estas propuestas al Gobierno no es casual. Fuentes del sector aseguran que el Ejecutivo está preparando nuevas medidas que podrían desembocar en un real decreto-ley ómnibus antes de que finalice el año con cuestiones de obligado cumplimiento a fin de año. Por eso, estas compañías quieren que se incluyan estas ayudas.

Las fuentes consultadas aseguran que tanto el Gobierno como el Partido Popular, y otras fuerzas nacionalistas, se han mostrado en ámbitos informales de acuerdo con aprobar las ayudas. Cabe destacar que hay comunidades como Cataluña, País Vasco o el resto de regiones de la cornisa cantábrica que se ven afectadas muy directamente por la actividad de la industria electrointensiva.

Este sector atraviesa momentos delicados desde hace tres años, de ahí las ayudas previstas. Al fuerte aumento de costes energéticos derivado de la crisis que provocó la invasión de Rusia sobre Ucrania hay que añadir el golpe comercial que están sufriendo como consecuencia de la guerra arancelaria mundial desatada por Donald Trump. Buena parte de los productos que fabrican estas empresas son exportados al exterior, con lo que el desglobalización actual está generando incertidumbre.

Y a ello se añade la competencia de otros países como Alemania o Francia que están dando un fuerte apoyo a su industria en forma de ayudas y otras medidas que les permiten capear el temporal. “El caso de Alemania es un ejemplo de cómo el nuevo marco europeo apuesta por esta recuperación a través de la promoción de la electrificación industrial”, subraya la carta de AEGE. El problema que lamentan los industriales es la incertidumbre que se ha instalado en España a nivel político. El propio Gobierno admitió en noviembre que la Ley de Industria y Autonomía Estratégica está parada por falta de apoyo parlamentario.

Aunque los diferentes partidos apoyan sus propuestas, cuando llega la hora de la verdad, grupos como el PP, Vox, Podemos o Junts per Catalunya votan en contra por cuestiones que recogen los decretos de otra índole o simplemente por razones de corte político y castigo al Ejecutivo de PSOE y Sumar. Eso ocurrió en la convalidación del decreto ómnibus de hace un año y en el decreto energético antiapagón de este verano, que afectó a las electrointensivas pese a la presión, por ejemplo, sobre Génova de algunos de sus barones que pedían el apoyo para favorecer a las industrias de sus territorios.

Ahora esperan que la cuestión se desatasque con un nuevo decreto, pero creen que de nuevo se puede dar la misma problemática. Esta incertidumbre también está afectando, señalan fuentes del sector, para inversores internacionales que están estudiando ubicar sus centros de producción en España, como por ejemplo fabricantes de baterías para coche eléctrico y otras tecnologías de futuro. Las fuentes consultadas señalan que una de las cosas que les generan dudas es precisamente el bloqueo político en España.

Y la cuestión, por ahora, no parece resolverse. A la división entre partidos de izquierda y nacionalistas que se está dando se suma la lucha entre PP y Vox en comunidades autónomas, varias de las cuales como Extremadura o Aragón se han visto obligadas a convocar elecciones adelantadas ante la falta de consenso para sacar adelante sus presupuestos.

Además de los 300 millones de euros, la carta de AEGE aprovecha para pedir que los costes de los servicios de ajuste que se pagan en al factura de la luz, motivados por la saturación de redes o la operación reforzada tras el apagón, se trasladen del coste energético del recibo a los peajes, una modificación que habrá de abordar la CNMC en una nueva circular que tramitará en 2026.

“Las orientaciones de política energética recientemente publicadas introducen dos consideraciones de elevado interés para la industria electrointensiva. La estabilización en los costes de los servicios de ajuste, por un lado, y la posibilidad de establecer tarifas de acceso específicas para los electrointensivos, por otro, ante la estabilidad y flexibilidad que pueden aportar al sistema eléctrico. Esperamos que estas orientaciones sean recogidas en las propuestas metodológicas que se debatan a lo largo del próximo año”, explica la carta.