El Reino Unido presenta una protesta en Bruselas por la presión española en Gibraltar

El tono fue áspero, el lenguaje conciso. La protesta del Gobierno británico ante las medidas adoptadas en la verja de Gibraltar fue, también, una respuesta a la amenaza del ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, de prohibir vuelos hacia Gibraltar por el espacio español y no reconocer los carnés de conducir que se emiten Gibraltar. El Foreign Office calificó la declaración del ministro sobre los vuelos como "extraordinaria y sin precedentes. Para la diplomacia británica, estas declaraciones embarcan al Ejecutivo de Madrid por la senda de "la irritación y la exasperación".

El Reino Unido presentó el jueves una protesta ante la Comisión Europea ante la amenaza de las autoridades españolas de endurecer los controles fronterizos en Gibraltar, y prohibir los vuelos comerciales sobre espacio aéreo español en dirección a Gibraltar. "Hemos planteado estas cuestiones ante el Gobierno español a través de nuestra embajada en Madrid y ante la Comisión Europea", afirmó ayer en un comunicado dirigido al Parlamento británico Joyce Quin, secretaria de Estado para Europa. El embajador británico ante la UE, Sir Stephen Wall, se reunió con el presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, para presentar una protesta contra las amenazas de España de limitar la libertad de movimientos en la UE. En Madrid, un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores dijo que no existe ninguna intención de responder por el momento a la protesta oficial británica,y recordó que todavía se está a la espera de que Londres dé explicaciones por el apresamiento del pesquero Piraña, que desencadenó la crisis con Londres.

Carnés y vuelos

El portavoz de Exteriores señaló que Londres no tiene ningún derecho a afirmar que el Gobierno español se dispone a prohibir la circulación con carnés de conducir gibraltareños o el sobrevuelo del espacio aéreo español a aviones comerciales con destino al Peñón.En el caso de los carnés de conducir, precisó que el Gobierno español estudia el procedimiento de concesión de 6.000 carnés a personas no residentes en Gibraltar, lo que viola la normativa europea. Sobre la posibilidad de cerrar el espacio aéreo español a vuelos comerciales con destino a Gibraltar, indicó que esa medida se "estudiaría" en caso de que las autoridades locales del Peñón pretendieran negociar un acuerdo con ciudadanos españoles sobre el uso del aeropuerto, similar al que firmaron con los pescadores andaluces.

Lo que el Gobierno español sí está dispuesto a mantener son los controles aduaneros estrictos en la verja de Gibraltar, que están generando largas colas de coches en el paso fronterizo. Exteriores justifica estas demoras que irritan a los llanitos por el carácter de "conocido centro de contrabando" de la colonia británica.

El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, acusó ayer a España de imponer en la colonia un "bloqueo físico y económico" a un país socio en la Unión Europea. "Ello quiebra todas las obligaciones de España y todos nuestros derechos de libertad de movimientos en la UE", afirmó Caruana en declaraciones a la BBC. La secretaria de Estado británica informó de que el ministro británico Robin Cook telefoneó ayer a Caruana para expresarle el apoyo del Gobierno británico.

La protesta contra la presión española subió de tono en la Cámara de los Comunes, donde dos diputados, un laborista y un conservador, pidieron al Ejecutivo que envíe una unidad de la Marina británica a su colonia. "Es tiempo de dejar de usar guantes", proclamó en la Cámara de los Comunes el laborista Lindsay Hoyle, que contó, indignado, que dos personas de su circunscripción se habían visto bloqueadas durante 13 horas entre Gibraltar y España. Comisión interministerial

En Madrid, el Gobierno constituyó ayer oficialmente, en el Congreso, una comisión interministerial, presidida por el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, encargada de estudiar un conjunto de medidas con el fin de mejorar la situación económica y social del Campo de Gibraltar, y paliar los posibles efectos negativos en la zona de una política más firme frente a la colonia británica.

A la reunión constitutiva asistieron, además del vicepresidente, el secretario de Estado de Política Exterior, Ramón de Miguel, además de representantes de los ministerios de Defensa, Industria, Interior, Agricultura, Fomento, Medio Ambiente y Trabajo. En la primera sesión no se tomó una decisión concreta , pero se acordó hacer un inventario de las medidas que se pueden adoptar. La comisión volverá a reunirse el próximo 4 de marzo.