Bruselás da un mes al Gobierno para que explique cómo se financia la TV pública

El requerimiento de Bruselas es consecuencia de las reiteradas denuncias presentadas desde el 2 de marzo de 1992 por Antena 3 y Tele 5. Estas denuncias llega ron al Tribunal de Luxemburgo, que el 15 de septiembre de 1998 condenó a la Comisión por no decidir sobre ellas.

El requerimiento al Gobierno afecta también a las demás radiotelevisiones públicas que operan en España, y en concreto a las del País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid y Valencia

. Requerimientos similares se han enviado a los Gobiernos de Francia e Italia para estudiar si las televisiones públicas de estos países afectan al libre mercado.

Si en el caso de las autonómicas la Comisión no parecemos mostrarse preocupada por su in fluencia en el conjunto del sector, en el de RTVE sí. A juicio de Bruselas, las medidas de financiación hasta ahora estudiadas "parecen capaces de conferir a RTVE una ventaja económica sobre sus competidores".

El documento de Bruselas hace una descripción a veces dramática de la situación financiera de RTVE, hasta el punto de subrayar que tanto ese grupo como los autonómicos estarían en situación de quiebra técnica si no gozaran de un estatuto especial que les permite endeudarse por encima de los límites autorizados al resto de empresas del sector, que se sitúa en el 30% del capital desembolsado. Bruselas se remite a datos publicados por la prensa para estimar que la deuda de RTVE "alcanzaba 593.000 millones de pesetas a finales de 1998 y 765.000 millones a finales de 1999".

A pesar del requerimiento, la Comisión Europea ha abierto las puertas a una solución de compromiso. Por un lado destaca "el carácter público de los

recursos' utilizados". Pero por otro, se ha avenido a discutir primero si esos recursos constituyen o no ayudas; y sobre todo, si esas ayudas existían antes de que España se incorporara a lo

que ahora es la Unión Europea. Se trata de un dato fundamental, porque si Bruselas admite que son "ayudas existentes" antes de la entrada en la Comunidad, no se considerarían ilegales

y las televisiones públicas no estarjan obligadas a devolverlas. Bruselas se limitaría a exigir "medidas para que en el futuro no se distorsione la competencia", según reconoció ayer el portavoz del comisario de la Competencia, Karel Van Miert. A partir de ahora el calendario es el siguiente. El Gobierno tiene un mes para remitir toda la información disponible. Esta será analizada por Bruselas desde dos ópticas. Los expertos de la dirección general de la Competencia examinarán si hay ayudas públicas y los juristas determinarán si esas ayudas se consideran "existentes" o no. Si se consideran no existentes, el equipo de Van Miert abrirá un procedimiento de infracción para de terminar qué parte de esas ayudas se ajusta a la legalidad y qué partes deben ser reembolsadas.

Si las ayudas se declaran "existentes", Bruselas puede abrir un procedimiento de in fracción para fijar el límite de ayudas autorizadas en el futuro o imponer las medidas correcto ras que estime necesarias. Se trataría de evaluar los costes del servicio público y de poner límites, por ejemplo, a los ingresos por publicidad para que una televisión pública no distorsione esa fuente de ingresos, vital a sus competidores privados. [RTVE comunicó ayer que ha preseleccionado a los bancos Chase Manhattan Bank, Dresdner Kleinwort Benson y Rothschild, SA, para valorar las acciónes del grupo público en Vía Digital. El proceso responde a la decisión del director general, Pío Cabanillas, de abandonar la plataforma y de situar a RTVE "en un plano de estricta neutralidad dentro del mercado audiovisual español", así como a la voluntad de ofrecer las producciones temáticas del grupo a todos los sistemas interesados].