La Comisión Europea da marcha atrás en el golpe de mano contra la legalidad de la UE
La Comisión Europea dio ayer marcha atrás en el golpe de mano del Parlamento -con el apoyo inicial del presidente del Ejecutivo, Jacques Santer- contra la legalidad comunitaria, al suspender un artículo del Tratado careciendo de competencias para ello. En una carta "interpretativa" de Santer, promovida por el comisario de Asuntos Institucionales, Marcelino Oreja, se ofrece una salida que permita combinar la cooperación de los funcionarios con el Comité de Sabios antifraude y el respeto de la legalidad. El grupo parlamentario Verde exigió explicaciones sobre el alcance de la carta.
Alguien dio al fin la cara. Oreja cogió el toro del desaguisado legal por los cuernos de la explicación pública, al declarar: "La suspensión o modificación del Tratado no la pueden hacer ni la Comisión ni el Parlamento Europeo, sólo puede hacerse en una nueva Conferencia Intergubernamental". Así, certificaba la falta de base legal del mandato que el Parlamento dio el miércoles al Comité de Sabios, en el que suspendía el artículo 214 del Tratado, que obliga a los funcionarios a mantener la confidencialidad. Pero, al mismo tiempo, trató de ofrecer -diplomático- una escapatoria a su presidente y al del Parlamento, José María Gil-Robles, afirmando que no creía que el texto del mandato fuese "estrictamente ilegal"; lamentó que su redacción hubiera sido "rápida"; sostuvo que hubiese sido mejor "una redacción hecha de otra forma"; y postuló que había que interpretar el texto "a la luz de la voluntad del legislador, que no puede ser la de suspender un artículo del Tratado".El comisario apuntó una posible solución: centrarse no en el artículo del Tratado, sino en los del Estatuto de los Funcionarios que les exigen confidencialidad, de forma que la Comisión "autorizará a los funcionarios a no mantener la reserva" que les impone el Estatuto y puedan así cooperar plenamente con los trabajos del Comité de Sabios.
Tras la explicación pública, el trabajo práctico de bambalinas. Oreja convenció a Santer, tras consultar al Servicio Jurídico, de los fallos del mandato, proponiendo su enmienda mediante una carta a Gil-Robles conteniendo "aclaraciones". Dicho y hecho. En la misiva, Santer hace indirecta referencia a su disgusto porque el mandato que le presentaron el miércoles Gil-Robles y los jefes de los grupos parlamentarios hubiese cambiado radicalmente respecto del que él conocía antes, al aludir a "la última versión del mismo, de la que tuve conocimiento en la conferencia de presidentes". Y sorteando la discusión de fondo de la suspensión del artículo 214 del Tratado, ofrece una posible salida práctica: "Es evidente que en lo que respecta a la mención en el mandato a las disposiciones del Tratado y del Estatuto, corresponde a la Comisión, según el artículo 17 del Estatuto, autorizar a su personal a cooperar con el Comité; evidentemente, la Comisión va a hacerlo".
La carta era anoche objeto de una profunda discusión entre comisarios. Algunos, como la italiana Emma Bonino, proponían endurecerla y dejar claro que la Comisión discrepa frontalmente del mandato al comité, y que el Parlamento debería rectificarlo. Fuentes de la presidencia del Parlamento -que consideraron "exagerada" y "ridícula" la información sobre este asunto aparecida ayer en este periódico- aseguraron que por el momento no tienen intención de hacerlo.
La líder del grupo parlamentario Verde, Magda Alvoed, reaccionó vivamente a las declaraciones de Oreja. "La decisión de dejar sin aplicación, lo que equivale a suspender, el artículo 214 del Tratado fue uno de los puntos esenciales del acuerdo alcanzado en la reunión del miércoles de los presidentes de grupo, y Santer estuvo de acuerdo; si ahora la Comisión cambia o está espectacularmente dividida, deberá explicarlo", comentó a este periódico.
Otro punto de polémica radica en las fronteras del Comité con los asuntos penales. Para Oreja está claro que carece de "configuración penal, porque no hay base jurídica para crear una institución nueva". Pero Alvoed recordó que su grupo y otros desean que los sabios investiguen también, aunque sea "bajo condiciones estrictas", los expedientes sometidos a los tribunales por indicios de fraude, o que han derivado en procesamientos de algún funcionario. La cosa, pues, no está tan clara como pretenden los medios oficiales de la cámara.
