Jornada andaluza

EL CONSEJO de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto para incentivar la creación de empleo mediante fórmulas de reducción del tiempo de trabajo, cobertura de vacantes o contratos de trabajo a tiempo parcial. Por la especial significación que ha tenido el debate en Europa, el más llamativo de estos programas es el de creación de empleo estable mediante la implantación de la semana laboral de 35 horas. El programa aprobado por la Junta establece el pago de ayudas a las empresas de hasta el 100% del coste de las cotizaciones empresariales, con un máximo de 700.000 pesetas cuando se contrate a desempleados menores de 30 años; de hasta 600.000 pesetas cuando los contratados pertenezcan a otros grupos con dificultades de acceso al mercado laboral, y de 500.000 pesetas en los demás casos, siempre que las contrataciones se deriven de la reducción a 35 horas, límite que la empresa puede alcanzar en tres años. Este plan de estímulos a la reducción del número de horas trabajadas se completa con la pretensión de aplicar próximamente la semana laboral de 35 horas a los funcionarios de la Junta andaluza.Casi todo lo que era necesario debatir sobre la polémica jornada de 35 horas está ya dicho, sea en Francia, país pionero en la aplicación, en Europa o en España. Forma parte de los resultados de ese debate la ya admitida conclusión de que disminuir las horas trabajadas no resuelve el problema del empleo, aunque pueda aliviarlo; que el recorte de la jornada no debe hacerse por imperativo legal, sino de forma voluntaria, pactada con los agentes sociales en aquellos sectores donde la posibilidad de sustitución del factor trabajo sea elevada; y que, para esperar resultados, es necesaria la eliminación progresiva de las horas extraordinarias en los sectores donde se aplique.

El decreto de la Junta cumple estas condiciones, aunque hubiera sido deseable una mayor beligerancia legislativa contra las horas extraordinarias. Es de esperar que la jornada de 35 horas tenga un éxito moderado. La Junta espera crear entre 15.000 y 50.000 empleos con esta iniciativa, que costará a las arcas autonómicas unos 5.000 millones. No cabe esperar resultados inmediatos ni milagrosos, como tampoco los ha tenido en Francia. Desde una perspectiva política, la iniciativa de la Junta es correcta. En primer lugar, porque hay que descartar las interpretaciones tremendistas que mencionan un enfrentamiento político de la Junta con el Gobierno central, desde el momento en que la aplicación de las 35 horas es limitada, pactada y voluntaria. Y porque, más allá de las motivaciones demagógicas, con las que hay que contar, la reducción de jornada permitirá dejar atrás el debate teórico y experimentar en una comunidad autónoma con elevada tasa de paro (30%, récord en España) los efectos del reparto del trabajo. Agotada la teoría, el único método fiable para medir sus efectos sobre el empleo es observarlos en la economía real.