Los abogados de Pinochet defienden la tortura como acción sujeta a inmunidad
El presidente del tribunal de los jueces lores, lord Browne-Wilkinson, interrumpió ayer a la abogada Clare Montgomery, que comenzó su alegato sobre la "inmunidad absoluta" de general Augusto Pinochet, para subrayar que se sentía "desorientado" al escuchar que la letrada había omitido una referencia a los tribunales de Núremberg que juzgaron a los nazis entre 1946 y 1948 en un comentario sobre la ley y los delitos internacionales. La letrada argumentó que la tortura "puede ser un acto de Estado" y que en el caso de Pinochet se le acusa de ello en el ejercicio de una "actividad oficial, gubernamental".
El abogado Peter Duffy, de Amnistía Internacional, puso el dedo en la llaga: el Reino Unido ha "domesticado" el delito de tortura, que ya es ley inglesa y obliga a juzgar o extraditar a Pinochet. Duffy decidió utilizar la llave de acceso a la sensibilidad de la mayor parte de los miembros del tribunal: la Convención contra la Tortura. Los tres países que están presentes de una u otra manera en este pleito -Reino Unido, Chile y España- se han adherido a esta convención."Sus señorías ni siquiera tienen necesidad de considerar la ley internacional para resolver este caso. El delito contra la tortura ya es parte de la ley inglesa. Tenemos obligación de juzgar o extraditar a Pinochet". Duffy sabe que varios miembros del tribunal están muy sensibilizados con el asunto de la tortura. La única duda sobre este punto: si hay aplicación retroactiva de la ley. Porque el Reino Unido firmó en 1988 y los hechos de Chile están referidos a 1973-1990.
Clare Montgomery empezó ayer el alegato a favor de la inmunidad de Pinochet. Solo cambió su táctica en una cosa. Los jueces pidieron a Duffy que fuera más lento para tomar notas. Montgomery, que habla como un rayo, decidió complacer a los jueces, y dejó su voz al ralentí. La abogada dijo que la inmunidad soberana o inmunidad de Estado "no es, como se pretende por mis colegas, una reliquia del siglo XIX". Se trata, agregó, de una inmunidad que se "traslada del Estado a las personas que ejercen la función, formal o de hecho, de jefes de Estado o son ex jefes de Estado".
Montgomery decidió llevar esta posición a su extremo total, como ya hicera ella y su colega en la vista del mes de noviembre ("Hitler hubiera gozado de inmunidad en el Reino Unido", dijeron entonces). "La tortura puede ser un acto de Estado. Si la cometen quienes ejercen esa actividad oficial se trata de un acto gubernamental, protegido por la inmunidad", explicó. Insistió en que la firma de convenciones como la referida a la tortura no obliga al Reino Unido a rechazar la inmunidad de Pinochet. "En esa convención no queda explícitamente derogada la inmunidad", explicó. "Y, además, en todo caso, el Reino Unido firmó esa convención en 1988; por tanto no se puede aplicar retroactivamente a actos cometidos en los años setenta, como es el caso de Chile", subrayó. Montgomery reconoció que España podría juzgar los casos de ciudadanos españoles torturados. "Pero son sólo tres", dijo. El presidente le preguntó si era una cuestión de números, no sin ironía. En realidad son unos cincuenta casos.
Retroactividad
Lord Huttonel único penalista presente en el tribunal, que ha sido juez en Irlanda del Norte y se ha especializado en terrorismo, dio una sorpresa a la defensa de Pinochet. Tras insistir en el tema de la tortura y escuchar el argumento de la retroactividad, señaló: "Pero es que la Constitución de Chile prohibía la tortura desde mucho antes, desde 1925".Fue Browne-Wilkinson quien más hostigó, con delicadeza, a la abogada sobre el tema de la tortura como viera que trataba de escabullirse. Tras escuchar una referencia de la abogada a la ley internacional y un comentario sobre su evolución, el presidente del tribunal se adelantó sobre la mesa, y exclamó: "Estoy desorientado. Ha leído usted el informe especial de la Comisión de Derecho Internacional pero no hay una referencia a ese último pasaje donde se ha avanzado desde la II Guerra Mundial".
La abogada: "Acepto".
El presidente: "Se trata de los jucios de Núremberg y su efecto en el procedimiento criminal".
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