España reúne nuevos documentos para recuperar dos galeones

¿Quién se quedará con el tesoro de 500 millones de dólares (71.000 millones de pesetas) sepultados en dos galeones españoles hundidos cerca de las costas del Estado norteamericano de Virginia? Para evitar que un cazatesoros y el Estado de Virginia se adueñen del tesoro, el Gobierno español entregó el miércoles a un juez federal numerosos documentos para hacer valer sus derechos de propiedad.

El Ejecutivo español solicitó judicialmente el miércoles al Estado de Virginia que revoque la autorización exclusiva otorgada a la empresa Sea Hunt Inc, especializada en la búsqueda de tesoros submarinos, para explorar y sacar a flote los objetos que puedan contener dos galeones españoles hundidos cerca de su costa.La Embajada de España en EE UU recurrió al prestigioso bufete de abogados de Washington Covington and Burling, para el que trabajan 250 letrados, con objeto de que reivindique ante los tribunales sus derechos de propiedad sobre los buques.

Los abogados entregaron al juez federal J. Calvitt Clarke Jr. un memorandum de 50 páginas acompañado por varios cientos de fotocopias de documentos históricos escritos en español, según informó la prensa de Virginia. La Galga y Juno naufragaron hace 248 y 196 años, respectivamente, cerca de la costa de Assateague. El temporal les hizo en ambos casos estrellarse contra arrecifes y bancos de arena. Casi toda la tripulación de La Galga logró salvarse pero, en cambio, los 425 marineros y soldados del Juno murieron ahogados.

Ben Benson, dueño de Sea Hunt y famoso cazatesoros, está convencido de que a bordo del Juno fue embarcado un cargamento de 700.000 pesos de plata, que pesaba unas 22 toneladas y valdría hoy en día unos 71.000 millones de pesetas. Para tratar de recuperarlo solicitó y obtuvo el año pasado un permiso del Estado de Virginia para buscar y rescatar el hipotético tesoro.

Una ley federal norteamericana de 1987 otorga la propiedad de los barcos abandonados a menos de tres millas de la costa a los Estados marítimos. El acuerdo alcanzado por Virginia con Ben Benson estipula que el cazatesoros podrá quedarse con el 75% del producto de la venta de los objetos rescatados del barco mientras que al Estado le corresponderá el 25% restante.

La Embajada de España en Washington argumenta que la ley no se aplica a ambos buques porque eran de guerra aunque, a veces, transportaban mercancías. Alega, además, que nunca fueron abandonados por su propietario, aunque reconoce que pudieron ser descuidados.

"Me temo que interpretamos [la legislación] de forma diferente", declaró al diario The Virginian Pilot de Norfolk (Virginia) el ministro consejero de la Embajada española, Rafael Conde. "Un barco de guerra es diferente", añadió. Duda, además, de que el Juno contenga en sus bodegas la plata, aunque sí sospecha que guarda los cuerpos de buena parte de los marineros ahogados.

En los mares del Caribe o en los cayos de Florida, el Reino de España perdió cientos de navíos procedentes de sus colonias, pero es la primera vez que reivindica ser su propietario.

Iniciativa judicial

La iniciativa judicial que tomó el miércoles ha suscitado todo tipo de comentarios irónicos en Virginia. "Creo que podemos llegar a una situación original si [la Justicia] permite a España vigilar y controlar lo que está sumergido en en aguas territoriales de EE UU", afirmó David K. Sutelan, uno de los abogados de Sea Hunt.Su dueño, Benson, fue más hiriente: "Los españoles sufrieron una tremenda enfermedad cuya curación requería oro, mucho oro. Parece que las cosas no han cambiado mucho desde hace 400 años".

Lo que sí ha cambiado es que la Administración federal de EE UU respalda la actuación española. The Virginian Pilot asegura que los departamentos de Estado, de Justicia y de la Marina secundan a España porque "están alarmados ante la creciente capacidad de los cazatesoros para localizar barcos hundidos" y tratan de que la Justicia les pare los pies.

De hecho, fue primero el Departamento de Justicia de EE UU, que actúa como la Fiscalía General del Estado, el que recurrió ante el juez, en representación de España, la autorización dada a Benson.

El magistrado desestimó la petición porque, alegó, la Administración federal no puede erigirse en defensora de los intereses de un Estado extranjero. De ahí que en Washington se haya animado al Gobierno español a defender directamente sus intereses ante la Justicia.