Caos en los juzgados

Los informes del Consejo General del Poder Judicial que constatan la existencia de anormal funcionamiento judicial, además de retrasos y dilaciones, revelan el caos de los juzgados.Incinerado por error. El 7 de junio de 1995 el Juzgado de Guardia de Palma de Mallorca levantó el cadáver de un ciudadano marroquí y, por "descuido" de los empleados del Instituto Anatómico Forense, fue incinerado, en lugar de un ciudadano sueco. Los familiares del marroquí, tras alegar razones religiosas, como la obligación de ser enterrado bajo tierra y con una determinada orientación geográfica, piden cinco millones de pesetas de indemnización.

Las joyas se esfumaron. En 1991, a José D. M. le robaron en su domicilio varias joyas de oro, algunas de las cuales fueron recuperadas por la policía, reconocidas por el afectado y depositadas en el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, de donde desaparecieron o fueron sustraídas. La investigación judicial se archivó en 1997 "por falta de autor conocido".

Tratados como violadores. Tres árabes que el 8 de abril de 1995 se dirigían a Barcelona, procedentes de París, fueron detenidos por la Guardia Civil de Martorell (Barcelona) cuando cenaban y repostaban en el área de servicio de Bellaterra. Intervinieron varios juzgados que les imputaron la violación de una joven, producida tres días antes. Sin practicarles la prueba del ADN, a pesar de que se había recogido semen de la vagina de la víctima, se les privó de libertad durante varias semanas, hasta que los denunciantes reconocieron "un error" de identificación. Cada reclamante pide 50 millones de pesetas. 450.000 pesetas perdidas. El 9 de enero de 1985, el Juzgado de Utrera (Sevilla) procesó a un conductor por una colisión de tráfico y, para asegurar sus futuras responsabilidades económicas, le requirió 500.000 pesetas, que entregó en el juzgado. En 1992, el Juzgado de lo Penal de Sevilla le condenó a pagar 50.000 pesetas. Las 450.000 pesetas restantes no le fueron devueltas porque las 500.000 que entregó no fueron transferidas a la Caja General de Depósitos ni al Banco Bilbao Vizcaya.

Documentos desaparecidos. Dos alemanes resultaron lesionados en un accidente de circulación ocurrido en 1991 en Paterna (Valencia). Dos entidades de seguros alemanas corrieron con los gastos médico-hospitalarios y aportaron al juzgado de Paterna los correspondientes documentos acreditativos, por un total superior a los 200.000 marcos (17 millones de pesetas).El responsable del accidente fue condenado a pagar tales importes, pero no pudo hacerlo porque habían desaparecido parte de dichos documentos.