El trato fiscal al seguro privado amenaza a la sanidad pública, según la oposición

, La nueva fiscalidad de las mutuas y aseguradoras sanitarias privadas introducida en la ley de reforma del impuesto de las personas físicas es considerada por los partidos y organizaciones de izquierda como un nuevo torpedo contra la sanidad pública. La normativa introduce importantes incentivos fiscales para que las empresas y los trabajadores pacten en convenio la contratación de pólizas colectivas de seguros privados.

La reforma suprime la posibilidad de desgravar en la declaración de la renta el 15% de los gastos de enfermedad a cambio de eliminar también el impuesto que pesaba sobre las pólizas de seguros sanitarios, que en 1998 fue del 6%. Este aspecto ha centrado la atención política durante la tramitación de la ley, pero la reforma incluye otro cambio que contiene, según la oposición, una gran carga de profundidad contra la sanidad pública: incentivos fiscales para que las empresas y los trabajadores pacten en convenio la suscripción de un seguro privado colectivo para todos los trabajadores.Esta medida detrae recursos del erario público en beneficio de los seguros privados y prepara el terreno, según la oposición, para extender el sistema Muface a otros colectivos y romper así la unidad del aseguramiento. El sistema Muface permite a los funcionarios elegir entre la Seguridad Social o una entidad de seguro libre. En estos momentos, de los seis millones de españoles que reciben asistencia de un seguro privado, aproximadamente 2.800.000 son funcionarios, lo cual significa que es el Estado quien paga esas pólizas.

La nueva normativa establece que las aportaciones que haga la empresa para contratar seguros privados colectivos serán consideradas como gastos deducibles -podrán deducir el 36%- y el dinero que se pague por las pólizas tampoco será imputable a los trabajadores como rendimiento en especie. En los últimos años se ha observado una tendencia de las empresas a canalizar una parte del salario en forma de ventajas económicas en especie (coches, viviendas, vacaciones...).

Tanto el PP como CiU ha defendido la extensión del sistema Muface que ahora rige para los funcionarios a otros colectivos sociales. Si se extiende entre las empresas la contratación de seguros privados, ése puede ser el argumento definitivo para justificar la ruptura del aseguramiento único, que es la base que hace posible financieramente el sistema público español. Así lo entiende, entre otros, el diputado socialista Josep Corominas, y también la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.

Fraude médico

No está claro, por otra parte, que la modificación fiscal vaya a lograr los propósitos que declara perseguir. Y eso añade una sombra de duda sobre el verdadero objetivo político de la reforma.El Partido Popular justificó suprimir la desgravación del 15% de los gastos de enfermedad por la necesidad de eliminar una importante bolsa de fraude en las desgravaciones por gastos de enfermedad, que el PP estimaba en unos 8.000 millones de pesetas. Pero para compensar a las mutuas y seguros privados por los perjuicios que ello les puede causar, ha eliminado al mismo tiempo el impuesto que gravaba desde 1997 las pólizas sanitarias y que el año pasado fue del 6% del valor de las primas. Según datos aportados por las aseguradoras, las deducciones por gastos de enfermedad ascendían aproximadamente a 75.000 millones de pesetas anuales, de los cuales, 40.000 eran por gastos de medicamentos y atención médica directamente contratada por el usuario, y 35.000 por pólizas de seguros.

La administración ingresará los 75.000 millones de pesetas que los ciudadanos se ahorraban hasta ahora por las desgravaciones, pero dejará de recaudar unos 14.000 millones por la supresión del impuesto sobre las pólizas.

De momento, pues, los únicos claramente perjudicados son los ciudadanos que tienen gastos de enfermedad y también los que han suscrito pólizas de seguros sanitarios, pues aún en el supuesto de que las aseguradoras les descuenten de la prima el 6% que ahora se ahorrarán, cosa que está por ver, el balance sigue siendo negativo para ellos.

Pero lo más significativo es que tampoco está claro que el objetivo de eliminar el fraude conduzca a buen puerto. En este caso, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Los ciudadanos no podrán ya desgravar cosméticos o tratamientos de adelgazamiento, como irónicamente indicaba el consejero de Presidencia de la Generalitat, Xavier Trías, cada vez que se refería al fraude con el fin de justificar una nueva fiscalidad para las mutuas, pero la medida puede abrir otra gran bolsa de fraude entre los médicos.

El hecho de que el gasto sanitario desgravara había sido un elemento decisivo para hacer aflorar fiscalmente lo que había sido una de las mayores bolsas de fraude del sistema impositivo español, el de los ingresos por prestaciones sanitarias privadas. Si los usuarios no reclaman factura porque ya no desgrava será mucho más difícil controlar los ingresos de los médicos.