El Gobierno vasco dará 42.000 pesetas de salario social a las mujeres maltratadas

Las mujeres maltratadas y las madres solteras sin recursos de Euskadi tendrán derecho por ley a un salario social de 42.000 pesetas al mes, aunque residan en el domicilio de familiares con ingresos económicos suficientes. El Gobierno vasco en funciones aprobará probablemente en su reunión de mañana los dos decretos que incluyen esta asistencia de manera expresa: el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), también conocido como salario social, y la Ayuda de Emergencia Social (AES), que prestaciones para necesidades primarias relacionadas sobre todo con la vivienda.

Estas dos medidas de lucha contra la pobreza impulsadas por el departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, que dirige Sabin Intxaurraga (Eusko Alkartasuna), forman parte de las disposiciones articuladas en la Ley contra la Exclusión Social.Esta norma resulta inédita en España. Fue aprobada por el Parlamento vasco el pasado mes de mayo y engloba el antiguo Plan de Lucha contra la Pobreza, que puso en marcha el Gobierno de Vitoria en 1989. Ahora, por primera vez la legislación recoge de manera explícita los casos de las mujeres maltratadas -una realidad palpable en la sociedad española - a la hora de concederles las ayudas.

Además, se amplía la base de posibles beneficiarios de ayudas sociales respecto a los que cobraban el IMI. En la práctica, las mujeres maltratadas ya venían recibiendo algún tipo de auxilio económico del Gobierno vasco, pero no en razón de su condición de mujeres vejadas física y psíquicamente por sus parejas como va a suceder ahora.

Más que Cataluña

Euskadi es la comunidad que más dinero destina a luchar contra la pobreza y la marginación, tanto en términos relativos como absolutos. Por ejemplo, en 1996 dedicó una cantidad netamente superior a la de Cataluña - 6.875 millones frente a 4.000-, pese a que esta comunidad triplica en población a la vasca (seis millones de habitantes frente a 2,1 millones). Los Presupuestos del Gobierno vasco para 1998 contemplan una partida de 9.000 millones de pesetas para combatir la marginación y la pobreza.Durante los últimos años el número de familias beneficiarias del salario social se ha mantenido estable sobre las 16.000, lo que supone el 5,3% de los hogares de Euskadi.

De estas familias, casi la mitad está encabezada por una mujer. Y de esas 8.000 familias, casi 3.500 son hogares presididos por una mujer sin pareja y con hijos a su cargo.

La cuantía del salario social es de 42.000 pesetas al mes por demandante, que son revisables con arreglo al IPC y al salario mínimo. A partir de esta cantidad se conceden complementos de 5.000 pesetas por cada persona que el demandante tenga a su cargo hasta llegar a las 100.000 pesetas mensuales en familias de hasta diez miembros.

Los nuevos decretos que regulan el Ingreso Mínimo de Inserción y las Ayudas de Emergencia Social tratan de subsanar las deficiencias que se habían observado en la aplicación de la normativa anterior y asientan las bases de "una política redistributiva social más progresista", según la viceconsejera de Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Begoña López Tolosa.

Así, la viceconsejera explica que el decreto sobre el IMI recoge expresamente situaciones de necesidad que la normativa anterior excluía de la prestación y que "sólo mediante interpretaciones voluntaristas forzadas cabía admitir".

Son las siguientes: las mujeres víctimas de malos tratos que hayan tenido que abandonar su domicilio para refugiarse en el de un pariente; madres solteras con hijos menores a su cargo y las personas que hayan sido acogidas por familias de buena voluntad con recursos suficientes.A pesar de vivir acogidos, este tipo de personas conservarían su derecho a la prestación del IMI.

Resolución judicial

La existencia de malos tratos deberá acreditarse mediante resolución judicial. En el caso de que no se hubiera dictado, será suficiente con la presentación de la denuncia. Incluso podrá eximirse a las mujeres maltratadas de entregar la denuncia cuando se observen circunstancias especiales que afecten a su integridad y que aconsejen retrasar la presentación de esta notificación ante la policía.En estos casos bastará con el informe de los servicios sociales de base para que se hagan acreedoras al salario social.

Además, también se recoge como novedad la prestación económica a las personas que constituyan una pareja de hecho. "Lo único que exigimos", apunta la viceconsejera, "es que su relación esté justificada en algún registro de parejas de hecho. Si se acredita la convivencia de dos personas con una relación permanente de afectividad están perfectamente legitimadas para recibir las ayudas si las necesitan. Para nosotros tienen la misma consideración que cualquier otro tipo de pareja".