Las universidades podrán contratar profesores estables no funcionarios

El Gobierno concluye el proyecto de ley de reforma del profesorado

Las universidades españolas podrán contratar profesores estables sin necesidad de engrosar el cuerpo de funcionarios del Estado (catedráticos y titulares). Para ello dispondrán de dos nuevas figuras docentes, las de profesor contratado doctor y profesor colaborador (no doctor), y dejarán de contar con la de profesor asociado a tiempo completo. El Ministerio de Educación culminó ayer su proyecto de reforma del profesorado, en el que también se modifica la composición de los tribunales de oposiciones, que pasarán a estar compuestos por un solo profesor de la universidad convocante y cuatro ajenos (ahora son dos y tres).

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La reforma del profesorado es una de las necesidades que la comunidad universitaria considera urgente de forma unánime, pese a las diferencias de enfoque respecto al contenido. Los socialistas lo intentaron al menos dos veces durante su mandato, pero no pudieron llevarla adelante, de forma que la irracional estructura docente de la universidad fue uno de los principales problemas heredados por los populares cuando llegaron al Gobierno.El texto elaborado por la Secretaría de Estado de Universidades, a cuyo frente está Manuel Jesús González, llegó ayer por la mañana, después de una gestación de varios meses, a la mesa de la Comisión de Subsecretarios, que en dos o tres semanas lo elevará a la consideración del Gobierno. Éste lo aprobará, previsiblemente sin modificaciones, en uno de los primeros Consejos de Ministros después de Navidad y lo enviará a las Cortes. La tramitación parlamentaria se prolongará durante el próximo año, si es que no embarranca por los desacuerdos entre los partidos.

El proyecto de ley, de 19 páginas, propone la modificación parcial de la Ley de Reforma Universitaria (LRU, 1983) en lo que atañe al profesorado. Sus objetivos fundamentales son tres: combatir la endogamia en la selección del profesorado; paliar la precariedad profesional de los docentes, y, la más revolucionaria, abrir una ancha vía a la desfuncionarización parcial de la Universidad española, con la contratación de profesores no funcionarios, pero de nivel asimilables a los funcionarios según el criterio de cada comunidad autónoma. La ley no establece porcentajes, pero prescribe que debe haber más profesores funcionarios que no funcionarios. La proporción actual es 55%-45%.

Los tres objetivos se articulan en las siguientes propuestas: Oposiciones. Pierde peso la universidad convocante de la plaza de catedrático o de titular, ya que los tribunales ("comisiones juzgadoras") estarán compuestos por un profesor de la casa y cuatro de fuera. Ahora, la composición es de dos más tres. El ministerio considera negativo el actual sistema porque ha reducido "la presión competitiva" y peca de "escasa capacidad discriminadora" respecto a los candidatos. En las oposiciones de titulares se implantarán dos nuevas pruebas: la exposición de un tema, seleccionado por el tribunal entre tres, y una prueba práctica no especificada.

Profesor contratado doctor. Nueva figura docente destinada a dotar de estabilidad y rango académico a los doctores que no deseen o no puedan incorporarse al funcionariado. Serán seleccionados por concurso público en toda España, previa evaluación del historial investigador y docente. Los contratos tendrán una duración de cuatro años y serán renovables cuando se supere otra evaluación del rendimiento investigador y docente. Podrán ocupar todos los cargos salvo el de rector. Profesor colaborador. Figura docente de no funcionario destinada a quienes no sean doctores. La duración del contrato queda a criterio de las comunidades, pero, en todo caso, a partir del cuarto año deberá realizarse una evaluación externa. Profesor asociado. Hay dos tipos: a tiempo parcial y a tiempo completo. Éste último constituye una desvirtuación de la figura original, pensada para el fichaje por horas de profesionales de prestigio en el mundo exterior a la universidad. Con carácter general, se mantiene el asociado a tiempo parcial, en tanto que el asociado a tiempo completo se limita en exclusiva a los profesionales extranjeros de países no integrados en la Unión Europea.

El problema de los asociados a tiempo completo, también llamados falsos asociados, se ha debido a que las universidades se han visto obligadas a cubrir plazas estructurales con estos profesores por problemas de organización y, muy especialmente, de dotación económica. Los 22.000 asociados (13.000 a tiempo parcial y 9.000 a tiempo completo)son los principales destinatarios de las nuevas figuras docentes. Los asociados con doctorado, que son 7.500, son los principales candidatos a la figura de contratado doctor.

Aunque el Gobierno deberá enviar el proyecto al Congreso para su aprobación como ley, el ministerio no ha negociado su contenido con los partidos parlamentarios con la excepción de los nacionalistas catalanes. Tampoco ha sido consultada la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que, después de participar el año pasado en la comisión de reforma universitaria que presidió el ex ministro Luis González Seara, se desvinculó del compromiso con la Administración por la tardanza en presentar el documento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0016, 16 de diciembre de 1998.

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