Viaje al país de la guerrilla colombiana

ENVIADO ESPECIALDesde el 7 de noviembre pasado hay dos Colombias: la de siempre y la despejada. Esta última abarca una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados, como toda Extremadura, y de ella ha desaparecido la presencia, al menos armada, del Estado. Soldados y policías, que eran poco más de 3.000, han evacuado sus instalaciones para que, dicen los críticos del presidente Andrés Pastrana, se negocie de poder a poder la paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las negociaciones deben llevarse a cabo a partir del 7 de enero, dirigidas inicialmente por el propio jefe del Estado colombiano y el líder insurgente Manuel Marulanda, Tirofijo. La sede de las mismas será uno de los cinco municipios del despeje: San Vicente del Caguán, en la provincia del Caquetá, tierra de media jungla y todo pasto, bovino, arroz y yuca, que es el Kosovo de las FARC, su lugar de nacimiento en los años sesenta entre los ríos Pato y Guayabero. Hasta allí viajó EL PAÍS.

Las conversaciones, que debían comenzar el 7 de noviembre, como le dijo a este enviado el presidente conservador el pasado octubre, han estado, sin embargo, sumidas en un laberíntico tira y afloja, porque como involuntarios últimos de Filipinas, 92 soldados de administración aquí llamados bachilleres, con 23 suboficiales y siete oficiales permanecen todavía en un acuartelamiento a ocho kilómetros de la capital del municipio, San Vicente del Caguán, a la espera de la orden de retirada que se producirá este fin de semana. Según fuentes de las FARC en la zona, Pastrana se resistió a abandonar ese último puesto militar, aunque los soldados estuvieran desarmados, porque Washington le había mostrado su disgusto ante tanta concesión a una guerrilla que aún no ha renunciado formalmente al marxismo. El coronel Germán Giraldo, 37 años, dirige la base de 440 hectáreas dotada como un funcional Hilton de la selva con chalés para visitantes ilustres. El militar, elocuente y fotogénico, que fue visiblemente destacado al batallón sólo el 5 de noviembre para recibir a los periodistas, garantiza que allí no hay armas escondidas como afirman muchas fuentes en el pueblo. En el maravilloso colombiano que habla aquí la gente resume la situación diciendo: "Yo no doy concepto de lo que no conozco", al preguntarle por qué se había demorado tanto el repliegue.

En San Vicente, 20.000 habitantes de los 50.000 de todo el municipio, que con 18.000 kilómetros cuadrados es el más extenso de Colombia, todos reconocen que sin la anuencia guerrillera allí no se mueve ni una hoja. El secretario de Gobierno, Germán Amézquita, sustituto del alcalde ausente, no niega que "la guerrilla ha tenido aquí siempre el dominio" y que desde el 7 de noviembre no se comete ni un delito y a los de la segunda línea de las FARC, lo que llaman milicianos como diferencia del personal del choque, "los vemos de civil, cada vez más arrogantes por el pueblo".

Esos milicianos son en la práctica los que aseguran el orden en el municipio. Para cubrir las apariencias se ha creado una policía cívica, 60 números para San Vicente, y 30 para las otras cuatro municipalidades -Vistahermosa, La Uribe, Mesetas y La Macarena, todos ellos en la limítrofe provincia del Meta- formada por funcionarios y jóvenes desempleados que, con un presunto título de bachiller y una segura matraca, hacen modesto acto de presencia en la localidad. Cerca de ellos, nos dice el agricultor-ganadero Alirio Giraldo, hay siempre un guerrillero que es el que sugiere apenas con la mirada que ha llegado la hora de portarse bien. La guerrilla vive de peajes, como las autopistas. Por cada vaca, y hay 10 por poblador, los propietarios han de pagar 800 pesos (80 pesetas) anuales. Las FARC aconsejan, además, a los alcaldes con quién han de contratar las obras públicas, sobre lo que "hacen veeduría" de cómo se llevan a cabo los trabajos, velando porque los funcionarios se curren la jornada, así como de que los dineros lleguen a destino, incluidos, desde luego, sus propios bolsillos. Eso se llama en el espléndido eufemismo de la insurrección "retenciones populares". En San Vicente, el Consejo de Paz, que es todo el pueblo, ha elegido un comité ejecutivo de siete miembros que integran el propio Alirio; un veterinario; un quincallero; un técnico agropecuario; el representante de una ONG; Amparo Rodríguez, delegada del asociacionismo local, y el señor obispo, que también estaba de viaje. Don Armando, 69 años soleados por la breña y el carrizo, cuya obsesión es que el mundo conozca sus poemas que vende a buen precio o regala en fotocopia, va más lejos que nadie al afirmar que las FARC no son una guerrilla "sino un grupo de presión, porque en este país en el que para importar un carro hay que pagar seis veces su valor, en el que hay un 95% de desheredados y la justicia se vende por centavos, tienen todo el derecho a serlo". Para el ripiador local, las FARC son como una ONG armada hasta los dientes. Pero la guerrilla se nutre sobre todo de la coca. Hay en la zona de despeje cerca de 20.000 hectáreas. del cultivo ilícito, sobre 100.000 o 120.000 en todo el país, cuyo emplazamiento es bien conocido, tanto como los propios campamentos guerrilleros en La Sombra, La Machaca o Los Llanos de Yarí. En el municipio se calcula que hay 6.000 hectáreas y de ellas 800, a razón de una por familia, se hallan agrupadas en una especie de cooperativa que trabaja tierras del Estado a unos 100 kilómetros de San Vicente. Filemón Fierro, menos de 40 años pero varios siglos de tenencia campesina, es uno de ellos. Tuvo que dedicarse al cultivo porque "la madre de nuestra industria es la necesidad", al tiempo que asegura que nadie le pidió, sugirió u obligó a vivir de la hoja tan preciada. Su huertecito casi le da seis cosechas al año de dos kilos de coca natural cada una, que "unos señores que no son guerrilleros" le compran a un millón de pesos el kilogramo, con lo que se saca lo justo para sobrevivir con su familia (unas 100.000 pesetas mensuales), y supone que las FARC le cobran al intermediario, pero él "no los ve nunca". No ignora que esa coca, aún sin tratar, vale ya cinco millones en Bogotá y 20 en el extranjero, no digamos en la calle. Y sólo desea que Pastrana acepte la oferta de su asociación de convertir las 800 hectáreas de squatters campesinos en una planta piloto de sustitución por otros cultivos igual de rentables, como el ejemplo de un nuevo comienzo para el país. Entre tanto, San Vicente del Caguán se tienta las carnes a la espera de ese 7 de enero en el temor de que el fracaso de la paz vuelva a unificar a esas dos Colombias en una guerra que entonces sería sin cuartel.