El Club Español de Residuos dice que la industria sortea la norma ambiental

Las empresas que generan residuos peligrosos son cada vez menos, o al menos no se conocen, si atendemos a sus propios datos. El director ejecutivo del Club Español de los Residuos, Carlos Martínez, indicó ayer que, en la última década, se refleja un acusado descenso en las sustancias tóxicas y peligrosas declaradas por la industria en todo el país. La promulgación de leyes ambientales más estrictas, explicó Martínez, ha llevado a muchas firmas a ocultar la existencia de estos residuos, cuyo número, según el Club sí ha aumentado en estos últimos diez años. El Club Español de los Residuos y la empresa pública andaluza Egmasa promovieron la celebración de unas jornadas técnicas para explicar en detalle la nueva Ley de Residuos, aprobada el pasado 21 de abril. Varios expertos intervinieron ayer en las mesas redondas que acogió el hotel Al-Andalus de Sevilla. En ellas se trataron los aspectos más relevantes del nuevo marco regulador: se abandona la división entre residuos sólidos urbanos y residuos tóxicos y peligrosos y se incorpora el principio de responsabilidad de los productores de mercancías que con su uso se convertirán en residuos. El presidente del Club Español de los Residuos, José Luis Lizundía aseguró que la industria del plástico se muestra más abierta a aplicar los nuevos criterios de gestión de residuos -recogida selectiva, prevención, reutilización y reciclaje-, frente a la postura más cerrada de otros sectores, como el eléctrico, a los que el tratamiento de los residuos resulta más caro. Lizundía suspendió su juicio sobre el articulado de la ley hasta comprobar su desarrollo reglamentario. Los asistentes a estas jornadas sobre la aplicación de la nueva Ley de Residuos, destacaron también las nuevas obligaciones para empresas generadoras de residuos peligrosos y la subordinación al marco legislativo europeo. Con la norma aprobada queda abolido el sistema único de tratamiento de estas sustancias en vertedero, y se descentraliza el seguimiento del tratamiento de los residuos, que queda bajo control de las administraciones locales y autonómicas.