La encrucijada de Blair

Las recientes resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española y de la Cámara de los Lores británica han declarado que los delitos que se imputan al general Pinochet constituyen crímenes contra la humanidad, de jurisdicción universal, respecto de los que no cabe inmunidad, y han abierto el camino para su enjuiciamiento. El Gobierno británico debe decidir ahora si permite la tramitación de las demandas de extradición acumuladas en los juzgados de Bow Street en las últimas semanas. Tony Blair tiene la oportunidad de demostrar que su compromiso electoral con una política exterior ética se traduce en hechos.La decisión de dejar regresar al general a Chile podría ampararse en razones humanitarias de edad y de salud, en atención a la protección de la estabilidad política de Chile, o dando crédito a las promesas del Gobierno de aquel país de que será procesado.

Las razones humanitarias no parecen atendibles en este momento. Augusto Pinochet se había convertido por méritos propios en el paradigma de la impunidad en América Latina, mediante su blindaje jurídico, ahora desmontado, y por su permanente actitud coactiva y desafiante. Devolverle a Chile sin ser previamente sometido a juicio por la comunidad internacional, con el único fundamento de su avanzada edad, sería una burla para sus miles de víctimas, a las que jamás dispensó consideración humanitaria alguna.

Las razones políticas deben ser analizadas a la vista de las manifestaciones de significados políticos chilenos, que han afirmado estos días que el sistema democrático no está en peligro, y de la declaración casi unánime del Parlamento Europeo que exige el enjuiciamiento del general. Lo que haría peligrar la transición democrática chilena sería el retorno incólume del ex dictador, que reforzaría la posición de sus partidarios y del Ejército, quienes siguen permitiéndose indicar al Gobierno de Frei los pasos a dar en cada momento.

El canciller chileno afirma que Pinochet no puede tener un juicio justo en España. No es cierto. Lo cierto, e Insulza lo sabe, es que en Chile las víctimas no tienen garantizado su derecho a la tutela judicial efectiva. Sabe también que el juicio de Pinochet en Chile es imposible por razones políticas, y que es inviable jurídicamente. Durante más de veinticuatro años no se admitió a trámite en Chile una sola denuncia contra Augusto Pinochet. Desde marzo de 1998 se tramitan contra él catorce procedimientos, pero su incoación se ha producido en llamativa sincronía con la solicitud de archivo por parte de los fiscales españoles del sumario seguido en nuestro país, con el argumento, precisamente, de que los hechos ya se estaban persiguiendo en Chile.

Para contemplar como razonable la alternativa de permitir el retorno a Chile del general sería necesario que previamente se le desprovea de su condición de senador vitalicio, para lo que se precisa una reforma de la Constitución chilena. Habría que promulgar, además, una ley que declare la nulidad del decreto de amnistía de 1978, aprobado por el propio Pinochet, que constituye un "autoenjuiciamiento" prohibido y nulo según el derecho internacional. Habría que garantizar, finalmente, que el enjuiciamiento no corresponderá a la jurisdicción militar, sino a la ordinaria, y que ésta formalizará la imputación y solicitará la extradición.

Es evidente que las autoridades democráticas de Chile no están en condiciones de adoptar esas medidas. En consecuencia, el Gobierno británico está abocado a consentir la tramitación de las demandas de extradición y posteriormente a posibilitar la entrega del general para su enjuiciamiento en alguno de los países que le reclaman. En ese contexto, la actuación del Gobierno español, que navega una vez más contra corriente prometiendo no obstaculizar la repatriación de Pinochet, no está constituyendo una gran ayuda. El presidente afirma que nadie quiere convertirse en un tribunal internacional; pero ¿qué son, sino eso, las jurisdicciones agregadas de España, Francia, Suiza, Bélgica, etcétera? Posibilitar el juicio en Europa es la decisión más difícil en este momento, pero es la única que garantiza al mismo tiempo los derechos de las víctimas y los del imputado, el efectivo cumplimiento por la comunidad internacional del deber de perseguir los crímenes contra la humanidad, y un futuro para la democracia chilena a medio y largo plazo, y para toda América Latina, libre de la tutela militar.

Existe una tercera posibilidad para el Gobierno Blair y su ministro Jack Straw. En 1993, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, haciendo uso de las facultades que le confería el capítulo VII de la Carta de la Organización para preservar la paz y la seguridad, decidió constituir una Corte de Justicia ad hoc para la ex Yugoslavia, y un año más tarde hizo otro tanto para Ruanda. Las décadas de los 70 y 80 llevaron a toda América Latina la muerte y la destrucción. Los ejércitos se volvieron contra las sociedades a las que estaban obligados a servir, abolieron sus instituciones democráticas, y orquestaron un gigantesco baño de sangre para imponer su modelo político y económico mediante la eliminación física de los discrepantes. El posterior restablecimiento de sistemas formalmente democráticos vino acompañado de una clamorosa denegación de justicia. La impunidad generalizada frente a las violaciones masivas de los derechos humanos supone también una amenaza para la paz y la seguridad, y un lastre que impide el desarrollo de aquellos países. Las mismas estructuras militares o paramilitares de entonces permanecen intactas, se embarcan periódicamente en aventuras bélicas como la de las Malvinas y reprimen contundentemente, cada vez que lo estiman oportuno, la contestación social proveniente de una pobreza extrema, generalizada por la deuda externa que aquellas sociedades no contrajeron, pero que tienen que pagar. América Latina no tendrá futuro mientras los ejércitos no entiendan que están para servir y no para ser servidos, para cumplir la ley y no para imponerla. Los ciudadanos no confiarán en el Estado de derecho mientras no se les demuestre que la ley es igual para todos.

La comisión de expertos del Consejo de Seguridad para la ex Yugoslavia afirmó en sus conclusiones: "La paz para el futuro necesita justicia, y la justicia empieza estableciendo la verdad". América Latina no tendrá paz, no tendrá futuro, mientras no se haga la luz y la justicia sobre los "desaparecidos", mientras sus ciudadanos no puedan mirar sin miedo a sus ejércitos. Por eso es tan importante el juicio contra Augusto Pinochet.

Gran Bretaña es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por ello, puede instar la constitución de una corte ad hoc para juzgar los crímenes contra la humanidad de América Latina. Mientras tanto, la única alternativa ética es la de los jueces europeos. Piénselo bien, mister Straw.