Albright cree un "terrible error" la complicidad de EE UU con las dictaduras latinoamericanas

Estados Unidos cometió "errores terribles" en América Latina durante el periodo de la guerra fría (tras el final de la II Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín), y uno de ellos fue apoyar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y el régimen del general chileno Augusto Pinochet, reconoció la secretaria de Estado, Madeleine Albright, en la noche del jueves. La jefa de la diplomacia estadounidense hizo la hasta ahora más sincera confesión de pecados de un responsable político en activo de EEUU, y también un propósito de enmienda. Una de las principales misiones actuales de Washington en América Latina, dijo, es enraizar los principios democráticos en las Fuerzas Armadas de la región.

Muchos de nosotros, cuando repasamos esa era [la de la guerra fría], sentimos que se cometieron numerosos y serios errores", dijo Albright en un discurso sobre derechos humanos pronunciado en la Universidad Emory, en Atlanta (Georgia). Y confirmó que el Gobierno de Bill Clinton ha comenzado ya el proceso de revisar miles de informes secretos sobre la dictadura de Pinochet. "Estamos estudiando documentos relacionados con la era de Pinochet, con la intención de hacerlos públicos", señaló la secretaria de Estado. "Es parte de nuestro intento de abordar los terribles errores y problemas de aquella época".Pero esa revisión la dirige el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, donde son mayoritarios los partidarios de frenar el caso. En aras de la obsesión anticomunista, Washington apoyó, e incluso alumbró, numerosas dictaduras militares en América Latina, entre ellas la de Pinochet. Documentos secretos parcialmente desclasificados en septiembre a instancias del organismo independiente National Security Archive prueban que el presidente republicano Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, ordenaron a la CIA el derrocamiento de Salvador Allende. Luego hicieron la vista gorda ante los informes sobre los cientos de ejecuciones sumarias que acompañaron el golpe de Pinochet.

EEUU adoptó una actitud más crítica hacia el general chileno bajo la presidencia del sucesor de Nixon, Jimmy Carter, un demócrata como Clinton y Albright. Los comentarios de la secretaria de Estado se produjeron tras una pregunta crítica sobre la Escuela de las Américas. "Los militares latinoamericanos", dijo Albright, "están ahora subordinados al poder civil. Me parece importante que mantengamos relaciones con esos nuevos militares para inspirarles -en contra de lo que hemos hecho previamente- principios democráticos". Pero la posición de Washington en el caso Pinochet sigue pareciendo ambigua a las organizaciones de derechos humanos norteamericanas.

Una de las más importantes, Human Rights Watch, reprochó ayer al Gobierno de Clinton el no sumarse a las peticiones internacionales de extradición del ex dictador. Y es que, como han reconocido fuentes de la Casa Blanca al semanario The Nation, la cúpula del poder en Washington está "profundamente dividida" sobre este asunto. Un sector, identificado con el Departamento de Estado que dirige Albright, desea que EEUU rompa con su pasado con Pinochet adoptando una actitud activa de apoyo a la justicia.

En el Capitolio, George Miller encabeza un grupo de 36 congresistas demócratas que también empujan en esa dirección. Ese sector propugna una entrega rápida, masiva y poco censurada de documentos secretos a la justicia española, y también la presentación de una solicitud norteamericana de extradición del general por los asesinatos de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington, y de Charles Horman, cuya historia inspiró el filme Missing, y Frank Teruggi en Santiago.

Pero el otro sector, fuerte en el Consejo Nacional de Seguridad, que dirige Sandy Berger, y los servicios secretos, teme que lo que está ocurriendo con Pinochet siente un precedente peligroso. Argumenta que gente como Kissinger, vinculado a hechos sangrientos como el bombardeo de Camboya o el golpe contra Allende, podría verse amenazada en el extranjero.

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Jamie Baker, jefe de los abogados del CNS, y James Dobbins, especialista en América Latina del CNS, encabezan el grupo de los que desearían ver enterrado el caso. Clinton no ha dicho todavía una sola palabra en público al respecto. A Peter Kornbluh, del National Security Archive, este silencio le parece "tristemente significativo". "Pese a toda su retórica sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo internacional, -Clinton, en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas del 21 de septiembre, exigió a todas las naciones a "no ofrecer apoyo o santuario a los terroristas"- este Gobierno está rechazando esta oportunidad de elevar el nivel de aplicación de los derechos humanos y presentar ante la justicia a un renombrado terrorista", aseguró.

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