Los decanos de Medicina piden al Gobierno que haga más compatible ejercer y enseñar

Los problemas entre los médicos de hospital que imparten clase en la universidad y sus colegas sin actividad docente son el pan de cada día cuando se trata de organizar el horario de las guardias o los profesores deben ausentarse del hospital para ir a evaluar tesis doctorales. También se producen conflictos cuando un catedrático tiene que trabajar en un hospital a las órdenes de un jefe de servicio con una formación universitaria inferior. Éstos son sólo algunos de los problemas que han llevado a los decanos de las facultades de Medicina de toda España a reclamar la reforma del real decreto que regula los conciertos entre las universidades y los hospitales públicos. La envergadura del asunto ha obligado a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a crear una comisión, presidida por el rector de la Universidad de Granada, Lorenzo Morillas, y el de la Complutense de Madrid, Rafael Puyol, cuyo informe estará listo previsiblemente en enero.La Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina Españolas ha elaborado un documento que recoge una serie de propuestas para modificar el real decreto en cuestión, aprobado en 1986. El texto, presentado al Ministerio de Educación y Cultura y al de Sanidad y Consumo, señala la necesidad de "eliminar los contenciosos existentes y desarrollar un clima favorable entre la universidad y las instituciones sanitarias mediante el máximo rendimiento asistencial, docente e investigador en ambas instituciones, una mayor integración entre las facultades de Medicina y los hospitales universitarios, y un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos de ambas instituciones".

Según Antonio Campos, el presidente de los decanos de Medicina, existe un malestar generalizado entre las universidades con facultades de Medicina y los hospitales universitarios; es decir, aquellos hospitales públicos cuyo personal ejerce además como profesor. "Han pasado 12 años", recuerda Campos, "de la puesta en marcha de un decreto cuyo desarrollo no ha sido nada armónico. Esto ha generado múltiples problemas en todo el país, aunque de forma desigual, según la forma en la que estén estipulados los convenios entre ambas partes en cada comunidad autónoma".

Como advierte el presidente de los decanos de Medicina, la situación se ha agravado con la multiplicación de hospitales universitarios desde la incorporación, a mediados de los años ochenta, de todos los hospitales públicos al sistema sanitario. Antes, algunos pertenecían a las diputaciones o a otras instituciones, y los hospitales clínicos, a las propias universidades.

"El conflicto se traduce en muy diferentes problemas, que surgen, por ejemplo, entre los médicos docentes y no docentes o por la desarmonización que se produce a menudo entre catedráticos y jefes de servicio. Ambas figuras ostentan la máxima responsabilidad en su especialidad en cada uno de los dos ámbitos, y se da el hecho chocante de que no asume la misma persona ambos cargos y, así, un catedrático puede tener un jefe de servicio que ni siquiera sea doctor", añade.

En definitiva, y a tenor de lo expuesto por Campos, la Universidad, "sin culpabilizar a las instituciones sanitarias, está pagando las consecuencias por el mal desarrollo de unas normas que hay que actualizar".

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha creado una comisión especial para estudiar el problema. Sus dos presidentes, Lorenzo Morillas y Rafael Puyol, han señalado que la comisión evaluará la situación y elevará un informe a la CRUE.

Para Morillas, el problema central estriba en la figura del profesor con plaza vinculada, que debe dedicar seis horas semanales como máximo a la docencia, tres como máximo a tutorías, y el resto de la jornada laboral, al hospital. "La plaza vinculada", explica, "es la única con una doble función, docente y asistencial. La cuestión está en organizar esa doble función para que la Universidad no se sienta perjudicada. Eso es lo que hay que estudiar".

"No se trata de dar prioridad a ninguna de las dos funciones", añade Pujol, "porque ambas son igualmente importantes para el profesor, que además recibe una única nómina de la Universidad".

Retribuciones

Según Roberto Pérez, director general de Recursos Humanos del Insalud (que agrupa a las 10 comunidades que todavía no tienen transferidas las competencias sanitarias), cada comunidad o el Insalud, según los casos, transfiere a la Universidad la parte que le corresponde pagar de la nómina del médico docente, según el real decreto que regula las retribuciones del profesorado universitario.Como observa Honorio Bando, subdirector general de Especialidades en Ciencias de la Salud del Ministerio de Educación, las competencias universitarias, que ya tienen todas las comunidades, otorgan plena autonomía a cada una de ellas. Bando añade que "el ministerio está abierto al diálogo y a colaborar en la reforma de este decreto que ha generado polémica en los afectados. Creo que, entre las partes implicadas, en poco tiempo podríamos lograr el equilibrio deseado entre lo docente y lo asistencial"