Un código impedirá el uso abusivo de datos de los compradores por Internet

Comprar a través de Internet va a ser dentro de poco algo más seguro para los consumidores españoles. Empresas que recurren al comercio electrónico, asociaciones de consumidores y la Agencia de Protección de Datos han alcanzado un acuerdo para garantizar a los internautas que hagan compras por la red que las huellas que vayan dejando no sean aprovechadas para otros fines.La Asociación Española de Comercio Electrónico, que reagrupa a unas 500 empresas y tres asociaciones de consumidores (OCU, UCE, CECU) presentarán mañana el Código Ético de Protección de Datos Personales en Internet que han negociado bajo la tutela de Juan Manuel Fernández, el director de la Agencia de Protección de Datos (APD).

Cada vez que un consumidor utiliza Internet para efectuar compras deja múltiples datos (nombre, sexo, dirección, teléfono o número de tarjeta de crédito) que pueden ser aprovechados para fines comerciales al ser incorporados a archivos de clientes que a veces las empresas venden o se intercambian entre ellas. El código de autorregulación, que suscribirán voluntariamente las compañías que lo deseen, estipula que los datos recabados durante la transacción electrónica no podrán ser utilizados sin el conocimiento del cliente, y que éste podrá acceder a ellos, exigir su rectificación y hasta su cancelación. Un logotipo especial figurará en las páginas web de las empresas firmantes del código.

Fernández asegura que este código ético es pionero en la UE. Un informe de Andersen Consulting señalaba en junio que "España es el país donde la expansión del comercio electrónico hasta el año 2000 será mayor, aproximadamente un 89%". Pero buena parte de los internautas españoles compran a empresas radicadas en EE UU o en otros países.

La UE y EE UU no logran ponerse de acuerdo sobre normas comunes de protección de datos. Sin esperar a la consecución de un acuerdo transatlántico, España ha sido también pionera en regular el envío de ficheros personales a EE UU. La empresa o filial de multinacional que envía allí archivos personales debe suscribir con la compañía receptora un contrato, sometido al visto bueno de la APD, comprometiéndose a respetar la legislación española.