Guerra presupuestaria en la Universidad de Oviedo

La Universidad de Oviedo vive sumida en el conflicto. El consejo social rechaza las cuentas de la institución académica asturiana, tras recibir un informe adverso del interventor del centro, y el rector reclama más dinero al Principado. El reiterado déficit económico de la institución se refleja en que están aún sin aprobar las cuentas de 1997 -en las que un informe del interventor aprecia supuestas irregularidades- y en que el presupuesto para 1998 está aún sin equilibrar. Esta difícil situación ha hecho estallar la confrontación, larvada durante largo tiempo, entre el equipo de gobierno y el consejo social de la institución docente, pero también con el Gobierno del Principado.El pasado mes de julio, el rector, Julio Rodríguez, y sus más cercanos colaboradores abandonaron una reunión de la comisión económica del consejo social para impedir que el interventor de la universidad expusiera un informe sobre la situación económica de la institución, en el que se señalan supuestas irregularidades en las cuentas correspondientes a 1997.

Desobediencia

El equipo de gobierno niega tales anomalías en la gestión económico-financiera, y ha abierto un expediente al interventor, Antonio Arias. Se le acusa de desobediencia a la gerente de la universidad, Mercedes Sanmillán.Desde entonces, las cuentas universitarias, tanto las de 1997 como las presupuestadas para el presente año, siguen sin ser aprobadas por el consejo social de la universidad. Este órgano permaneció tres meses sin reunirse. Cuando por fin lo hizo, el 26 de octubre y el 9 de noviembre, sólo sirvió para constatar la tensión existente y la imposibilidad del acuerdo.

El pleno del consejo social volvió a rechazar, por un voto de diferencia, la gestión económico-financiera de la universidad durante 1997. El contrainforme elaborado por la gerente para disipar las dudas vertidas por el interventor no convenció al consejo. Éste ni tan siquiera entró a considerar el presupuesto de 1998. Exige al rector que elabore una nueva propuesta, que no incurra de antemano en déficit.

Semanas antes, el 28 de septiembre, la comisión económica del consejo social decidió, con ausencia de los representantes de la junta de gobierno, solicitar un dictamen sobre el informe del interventor y, de confirmarse las irregularidades, ponerlas en conocimiento del Tribunal de Cuentas del Estado. También se decidió solicitar a la intervención general del Principado de Asturias que realice una auditoría integral de la Universidad de Oviedo.

El pleno del consejo tan siquiera llegó a considerar en su última reunión el presupuesto para 1998. Esta propuesta presupuestaria incurre en un "déficit previsto" de 1.269 millones de pesetas, dado que el rectorado incluye como ingreso una aportación adicional del Principado de Asturias, que no ha sido aprobada hasta ahora por la comunidad autónoma.

El consejo ha emplazado al rectorado a que ajuste su presupuesto a los recursos disponibles. El rector sostiene que la universidad dispone del dinero justo para su funcionamiento y que debe ser, en su caso, el consejo social el que decida los recortes presupuestarios. El rector sostiene que "se está llegando a una situación límite" y que el Principado "está acogotando económicamente" a la institución académica. "La universidad tendrá que tomar medidas drásticas si la situación continúa", asegura Julio Rodríguez.

El rector y su junta de gobierno también están enfrentados al Principado. El rector mantiene una relación difícil con el director regional de Universidades, José Ramón Chaves, a cuyo nombramiento se opuso; rechaza la Ley del Consejo Social, aprobada por el Gobierno asturiano, por considerarla excesivamente intervencionista, y exige de la comunidad una aportación económica adicional de 1.800 millones anuales para subsanar el déficit crónico de la institución.

El rector afirma que el Gobierno asturiano se comprometió a ello en 1997. El presidente del Principado de Asturias, Sergio Marqués, lo ha negado: "Nos hicimos cargo en 1996 de una deuda de la universidad de 5.000 millones de pesetas, pero lo que no asumí es que la universidad suponga todos los años un coste adicional de varios miles de millones".

Rodríguez desmiente que el origen del déficit haya que atribuirlo a una mala gestión: "La universidad no está mal gestionada, sino mal financiada".