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El Congreso reclama más ayudas para represaliados políticos del franquismo

Una proposición de Izquierda Unida (IU) defendida por el diputado Pedro Vaquero, con la que se pretende que el Gobierno instrumente nuevas ayudas para represaliados políticos del franquismo, consiguió ayer la unanimidad en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso.La propuesta, defendida con entusiasmo por Vaquero, trataba de remediar lo que, a su juicio, fue un tratamiento "cicatero" por parte de la democracia con quienes sufrieron cárcel como represalia por sus actividades políticas durante el régimen de Franco. Al final, la comisión del Congreso consiguió unanimidad para pedir que el Ejecutivo estudie la posible ampliación de las indemnizaciones que en su día percibieron esos presos políticos. Vaquero argumentó que en la Ley de Amnistía de 1977 se fijaron indemnizaciones que se cobraron en 1990 pero, según dijo, de alcance muy limitado.

Aquella ley hizo posible que recibiesen un millón de pesetas las personas que estuvieron un mínimo de tres años en prisión por motivos políticos y que en 1990 tuviesen 65 años. Admitió que se abonaron complementos de 300.000 pesetas para quienes permanecieron más tiempo en la cárcel, pero según Vaquero se produjo una "discriminación cicatera" que es necesario subsanar.

José Eugenio Azpíroz, portavoz del PP en la comisión, propuso una enmienda transaccional, que fue la que prosperó finalmente con el voto de todos los grupos, por la que el Congreso pide al Gobierno que estudie la ampliación de aquellas indemnizaciones antes de junio de 1999 y que se tenga en cuenta tanto la situación económica de los posibles beneficiarios como el coste de esta medida.

Azpíroz pidió cautela para que no se creen falsas expectativas y logró que todos los portavoces reconociesen la dificultad de establecer límites objetivos para ampliar este tipo de indemnización. Isabel López i Chamosa, portavoz socialista, admitió la dificultad de recompensar con dinero a quien ha estado privado de libertad. También María Zoila Riera (CiU) pidió al Gobierno que no deje la proposición en el olvido.

El diputado Carlos Caballero (PNV) pidió que se contemple también la situación de otros españoles, como los que residen en Rusia como consecuencia del exilio que provocó la guerra civil. Y Begoña Lasagabaster, diputada de Eusko Alkartasuna, se adhirió con entusiasmo a la propuesta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de noviembre de 1998