La fiscalía inglesa dice que Pinochet no tiene inmunidad porque violó la Constitución chilena

Nuevos argumentos legales complicaron ayer dramáticamente la defensa del general Augusto Pinochet y sus planes de volver a Chile sin responder a la creciente presión internacional para que sea juzgado por los incontables crímenes de la dictadura que impuso en su país en 1973. Los cinco lores que deciden sobre el caso escucharon al fiscal Alun Jones y tomaron en cuenta los alegatos de Amnistía Internacional (AI), según los cuales, "todos los Estados tienen la obligación de perseguir y castigar los crímenes contra la humanidad y colaborar en la localización, detención y castigo de los implicados".

Los lores no volverán a reunirse hasta el lunes. Esto no fue óbice para que el grupo de opositores chilenos que se han instalado frente a la Cámara retiraran el enorme retrato del general bajo un cartel en grandes letras negras que decía Buscado. El argumento principal de ayer era simple: Pinochet no es inmune a que se le arreste y enjuicie por delitos que van desde el genocidio y tortura que caen dentro de la categoría de delitos contra la humanidad, incluso antes del golpe que lo encumbró en el poder gracias al sangriento golpe de Estado que acabó con el Gobierno socialista de Salvador Allende.Jones alegó en la cámara de los Lores el atropello a la Constitución que estaba vigente antes del golpe. Por lo tanto, la inmunidad no debe aplicarse. El general de 82 años, que se encuentra ahora detenido en una clínica privada de Londres debe, por lo tanto, aguardar a la decisión de la Cámara de los Lores ante la cual llegará la demanda española que supuestamente debe resolverse hoy una vez que el juez Baltasar Garzón empuje el caso con miras a trasladar a Pinochet ante un tribunal español.

Christopher Greenwood, de la fiscalía, dijo a la corte de los lores que el exdictador podría aspirar a invocar inmunidad sólo con respecto a acciones que constituyeron actos oficiales durante su gestión como jefe de Estado. "La conducta en cuestión [la de Pinochet] está tipificada como criminal según el derecho internacional", señaló. Por lo tanto, la petición de inmunidad que la defensa ha interpuesto sería inaplicable, particularmente porque los delitos de tortura difícilmente podrían ser considerados como hechos ajenos al conocimiento de las autoridades de las cuales Pinochet era jefe.

El fiscal británico Alun Jones, que representa a la justicia española en la vista que se sigue en la Cámara de los Lores, apuntó que la Constitución de Chile de 1925, que continuó estando vigente durante siete años más después de la toma del poder por parte de Pinochet, prohibía taxativamente muchas de las acciones emprendidas por el dictador. El argumento defendido ante el tribunal de los Lores, y que ayer continuó por segundo día consecutivo debatiendo si su detención el pasado 16 de octubre fue ilegal, ya que llegó a Londres con un pasaporte diplomático, está en el centro de la cuestión.

La fiscalía señala que la misma Constitución establecía garantías que Pinochet ignoró: el derecho a la vida,la libertad de expresión o la igualdad ante la ley.

La base de la fiscalía británica es que la amplia gama de delitos cometidos por la dictadura chilena no deben ser tratados exclusivamente por los tribunales chilenos.