La responsabilidad de Aznar

Al margen de los debates jurídicos y de la pluralidad de reacciones suscitadas por la detención de Pinochet en Londres y su posible extradición a España, llaman la atención dos declaraciones estrechamente ligadas entre sí. La primera es la del presidente chileno Eduardo Frei en Bayona, presentando el caso como una injerencia española en asuntos de su país, en contradicción además con la impunidad otorgada por los españoles a la dictadura de Franco. La segunda, menos clara en los términos, pero de contenido asimismo inequívoco, es la del presidente Aznar. Proclama su respeto a la justicia, pero al mismo tiempo habla de unas sensibilidades de otros países a tener en cuenta, cortina de humo que se disipa si pensamos en la pasada y presente actuación de los brazos del ejecutivo en el poder judicial, con Fungairiño ahora en primer plano, interviniendo para bloquear la extradición. Aznar añade irritado que es "un disparate" (sic) convertir el caso Pinochet en una cuestión de política interior.En cuanto a la declaración de Frei, hubiera sido impensable que pronunciada en Francia o en Inglaterra no recibiese una respuesta cortés pero contundente de Jospin o de Tony Blair. Porque no sólo su contenido es erróneo, sino que tiene una sorprendente dimensión ofensiva hacia el país que en ese momento era su anfitrión. Frei debiera saber que no es el Gobierno español, sino un miembro independiente del poder judicial el que ha iniciado el procedimiento contra Pinochet (convertido así implícitamente, nueva sorpresa, en símbolo de la nación chilena). Podía haber recordado también, o si no le tocaba a Aznar hacerlo, que la justicia de Chile había optado por la dejación en casos criminales cometidos por los agentes del dictador Pinochet contra ciudadanos españoles, según mostró el caso Soria. ¿Qué le parecería a Frei que desde otros lugares se invocara airadamente la impunidad para quien hubiese sido responsable del asesinato de ciudadanos chilenos? Y, sobre todo, Frei echa en cara a los españoles meterse con Pinochet cuando ellos no lo han hecho con Franco. Difícilmente hubiéramos estado en condiciones de juzgar a nuestro general-dictador, porque a diferencia de Pinochet, Franco murió en el poder. Además, una cosa es que todos entendamos que en las difíciles condiciones de la transición chilena, Pinochet se quede allí impune, y otra es que en el resto del mundo esa impunidad esté vigente. En especial, insistimos, cuando hubo españoles víctimas del dictador. Desde una simple perspectiva de dignidad nacional, supone ya un agravio, pues, que Aznar haya asumido con su silencio la declaración de Frei.

En segundo lugar, es obvio que llegadas las cosas a este punto, la movilización por el Gobierno de sus apoyos en el poder judicial contra la extradición, o una última resolución negativa del Consejo de Ministros, tendría gravísimas repercusiones tanto en el plano internacional como en el interno. Por supuesto, nos recogerían entonces las basuras ante la Embajada española en Santiago, pero a la vista de todo el mundo que contempla con el máximo interés este episodio, sería una situación vergonzosa, al haber desencadenado una acción desde España cuyo desenlace consistiría entonces en un regreso triunfal de Pinochet a Santiago de Chile. Todo el contenido progresivo de la legislación y de la jurisprudencia sobre crímenes contra la humanidad quedaría en ese caso trágicamente burlado. Un balance sin duda más importante que la sensibilidad de la extrema derecha chilena, secundada en este caso por demócratas bajo vigilancia militar. Por una vez que España ha roto su tradicional papel de sujeto pasivo en las relaciones internacionales, el punto de llegada no sería otro que el ridículo.

Por eso mismo no es disparate alguno ver en la acción del Gobierno Aznar en torno al caso Pinochet una cuestión también de política interior. La sociedad española asistió impotente y estupefacta a la ya citada insensibilidad del ejecutivo y de la justicia de Chile ante los asesinatos cometidos bajo Pinochet contra españoles. ¿Cómo justificar ahora que una vez emprendido el procedimiento y encontrada la ocasión, de subsanar esa injusticia, lo bloqueamos nosotros mismos? La única respuesta lógica es que puede existir una identificación de fondo entre lo que dijo Fungairiño sobre las dictaduras del Cono Sur y la posición real de un gobierno que evitaría jugar la baza de la justicia. Con ello su pretensión de neutralidad de cara a los procedimientos judiciales en curso en España se vería gravemente deteriorada. Está en manos de Aznar evitarlo.