El Gobierno incumple la ley del euskera al traducir apenas el 16% de sus documentos

VIENE DE LA PÁGINA 1 Entre sus principales conclusiones, el informe del Instituto Vasco de Administración Pública destaca que no existe una política de traducción, no ya si se considera el Gobierno vasco en su conjunto, sino incluso a nivel departamental, de forma que situaciones similares reciben tratamientos muy dispares dependiendo de dónde se produzcan. "Algunos departamentos", apunta el documento, "reconocen no tener política alguna en cuanto a traducción, ni explícita ni tácita. En muchos casos, es el propio funcionario quien decide si un documento ha de enviarse en las dos lenguas o no". "La lengua utilizada para la redacción de los documentos administrativos", añade, "es el castellano. El uso del euskera como lengua fuente del original no es significativo (menos del 1%)". De esta forma, únicamente se traduce alrededor del 16% de lo escrito por la Admistración autonómica. Sólo los departamentos de Educación (34%), Sanidad (18%) y, sobre todo, Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, que llega al 100% de traduccciones de sus textos, se salvan de la crítica. El IVAP hace una mención especialmente positiva a este último departamento, dirigido por Patxi Ormazabal, de Eusko Alkartasuna. En el resto de las consejerías el porcentaje de traducción oscila entre el 4 y el 10%. Mientras, en los organismos autónomos se supera en todos los casos el 50%. El Departamento de Hacienda y Administración Pública, que dirige el vicelehendakari y candidato del PNV a la presidencia en las elecciones del próximo domingo, Juan José Ibarretxe, es el que menos documentos traduce (un 4%). Le siguen los departamentos de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social (6%) e Industria, Agricultura y Pesca (6%). Transportes y Obras Públicas redacta en las dos lenguas el 7% de su producción documental; Comercio y Turismo, el 8% e Interior, un 10%. Equipo limitado Los documentos que más produce la Administración general son los dirigidos a personas físicas y jurídicas ajenas al propio Gobierno. Normalmente se tratan de comunicaciones y notificaciones. Precisamente, estos son los documentos que menos se presentan en euskera y castellano (un 8%). "Estos datos", constata el informe del IVAP, "indican un bajo grado de cumplimiento de la Ley de Normalización del Euskera y, en particular, de su artículo 8.2, lo que, de acuerdo con la doctrina del TSJPV, lejos de resultar intranscendente desde el punto de vista jurídico, puede hacer planear sobre gran parte de la actuación administrativa un grave riesgo de invalidez". La participación de los funcionarios capacitados lingüísticamente en el uso del euskera en general y en lo que se refiere a la traducción en particular es muy reducida en relación a su potencialidad. "Esto indica", prosigue el informe, "un bajo nivel de optimización de la inversión realizada en capacitación lingüística". Según el análisis realizado por el IVAP, el actual equipo de traductores es muy limitado si se compara con la necesidad de traducción que se deriva del cumplimiento de la Ley de Normalización del Euskera. Así, la plantilla sólamente es capaz de verter a la otra lengua un "pequeño" porcentaje de la producción original hecha en cada lengua oficial (la inmensa mayoría en castellano). En esta línea de crítica, se apunta que la coordinación entre los diferentes agentes traductores (de los departamentos o del Boletín Oficial del País Vasco) es "ocasional, no formal ni sistemática". Silencio de Cultura En la actualidad, la plantilla de traductores, ayudantes de traducción, técnicos auxiliares de normalización del euskera y de normalización lingüística asciende a 44 personas. Frente a los ocho técnicos que tienen los departamentos de Vicepresidencia y Justicia, el de Comercio, Consumo y Turismo no tiene ninguno, mientras que Vivienda sólo cuenta con uno. La consejería de Cultura no ha respondido a la encuesta del IVAP. Con este panorama, la contratación externa de servicios de traducción está experimentando un aumento notable en los últimos años y "nada hace pensar que esa tendencia vaya a cambiar a corto plazo". Además, según el IVAP, este tipo de contratación "no sigue unas pautas de control que garanticen la calidad de las traducciones y su homogeneización y normalización en el aspecto terminológico y de lenguaje administrativo". La última crítica del IVAP se refiere a las dificultades que se le han planteado para obtener datos fiables sobre el uso real del euskera escrito en el Gobierno vasco, ya que los registros no recogen la información necesaria para ello.