12 municipios se personarán "en bloque" en las diligencias por el vertido tóxico

Las consecuencias del vertido tóxico en el Guadiamar no sólo se acumulan en organismos de aves y moluscos. El desconcierto de los vecinos de los 12 municipios afectados ha aumentado. Las discrepancias entre las consejerías de Medio Ambiente y Salud por el consumo de moluscos del estuario del Guadalquivir han despertado a los alcaldes: "Vamos a dejar de ser pasivos", anunció ayer Agustín Cuevas, el primer edil de Sanlúcar de Barrameda( Cádiz). Los 12 municipios se personarán "en bloque" en las investigaciones judiciales.

La coquina de fango ha desatado la "indignación" de los alcaldes de los pueblos afectados por el vertido tóxico en el cauce del Guadiamar -provocado por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar el pasado 25 de abril-. "Como puede ser que se anuncie que un producto no pueda consumirse y a las dos horas se diga lo contrario". El alcalde de Sanlúcar de Barrameda se quejaba de las discrepancias entre el consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco -que recomendó limitar el consumo de coquina de fango por su contenido en metales pesados- y el consejero de Salud, José Luis García de Arboleya. El Gobierno andaluz respaldó a Salud y tras la zozobra de declaraciones sostiene que no hay riesgo en la ingesta de estos moluscos. "La imagen de nuestros pueblos está bastante mal", aceptó Cuevas. Los alcaldes de los dos pueblos gaditanos afectados directamente por los nocivos efectos del desastre ecológico, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena, se unieron ayer a los regidores de los diez municipios sevillanos por los que pasó la riada tóxica (Aznalcóllar, Aznalcázar, Benacazón, Pilas, Huévar, Puebla del Río, Sanlúcar la Mayor, Villafranco del Guadalquivir, Villamanrique de la Condesa y Olivares) para formar una plataforma conjunta. Los 12 alcaldes mantuvieron su primera reunión -a petición del alcalde de Sanlúcar de Barrameda- en una sala de la Diputación de Sevilla. "Estamos indignados por el espectáculo de informes y contrainformes que salen a la luz pública", manifestó Cuevas a los medios de comunicación."Toda esta intranquilidad está produciendo daños irreparables a las economías de nuestros pueblos", indicó. El nuevo rumbo que han tomado los alcaldes - "las reuniones a partir de ahora las convocamos nosotros"- , parte de una primera actuación: "hemos encargado un informe jurídico para personarnos como acusación en la causa abierta", anunció el alcalde de Sanlúcar de Barrameda. Juan José Jurado, primer edil de Aznalcázar, matizó la intención de la plataforma de municipios con su incorporación a las investigaciones judiciales: "Queremos saber si la salud de la población ha estado en riesgos y exigir responsabilidades por ello". Otras responsabilidades, las políticas, también fueron discutidas en la reunión. "Por ahora no vamos a exigir la dimisión de ningún consejero, pero no hemos dejado de lado ese debate". La plataforma no se limitó a anunciar su incursión en el frente judicial. "Vamos a pedir a las administraciones un plan de refuerzo económico para los sectores económicos dañados por el vertidos", aseguró Cuevas quien puso especial enfásis en la "mejora de las infraestructuras de los pueblos". Los alcaldes están especialmente preocupado por el estado en el que quedarán las carreteras que unen sus localidades cuando los camiones-bañera -con capacidada para llevar 30 toneladas de carga-, terminen de transportar los lodos tóxicos recogidos del cauce. "Claro que en mi pueblo hay alarma social". Jurado dejó claro su enfado ante lo conocido recientemente por informes del Consejo Superior de Investagaciones Científicas: la población de Aznalcazar debió ser alertada este verano por la fuerte contaminación atmosférica. "De qué me sirve a mí saber todo eso tres meses después si no se actuó en su momento", se lamentó el primer edil de la localidad sevillana. Los alcaldes de los municipios afectados pretenden estar a partir de ahora "en todas las reuniones en las que se hagan públicos informes técnicos". Por lo pronto, la plataforma ha pedido reuniones con el presidente de la Junta, el presidente del CSIC y la ministra de Medio Ambiente.