Medio Ambiente encubre a los contaminadores

Los responsables de Medio Ambiente se niegan a hacer públicos los nombres de las industrias y ayuntamientos que durante los últimos tres años han estado contaminando los ríos españoles con vertidos de residuos industriales, agrícolas o urbanos, considerados graves o muy graves. Pese a que las sanciones impuestas ascendieron el pasado año a 249 millones y se multiplican, en paralelo al número de vertidos descontrolados, los nombres de los infractores quedan en el anonimato. Las cuencas más castigadas por la contaminación son las del Júcar, Guadiana y Ebro.

Ángel Cagigas, director general de Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, no oculta que todos los días firma, con la Ley de Aguas en la mano, entre tres y cuatro sanciones por vertidos de los considerados "graves o muy graves". Las leves, de uno a cinco millones, las imponen las Confederaciones Hidro-gráficas. Al tiempo asegura que él es partidario de dar a conocer los nombres de los infractores. "Personalmente lo tengo muy claro". Reconoce que "no hay nada que ponga más nervioso a un industrial que ver su nombre en los periódicos señalado como un contaminador", pero recuerda que cuando en anteriores ocasiones se han hecho públicos los nombres, el Ministerio tuvo muchos problemas y por eso la decisión no puede ser suya. La decisión del ministerio que dirige Isabel Tocino ha sido silenciar a los infractores -a diferencia de lo que hiciera la anterior Administración socialista quien facilitaba esta información deta-llada- con lo que se esfuma el llamado "efecto ejemplarizante", por todos reconocido como el mayor revulsivo a la hora de evitar sucesivas contaminaciones. Al industrial o municipio contaminador no le suele importar pagar multas, aunque sea la de mayor cuantía, 100 millones de pesetas, siempre que su nombre no salga a la luz pública. Finalmente le resulta más rentable pagar que realizar las medidas las correctoras que marca la ley.Alfonso Bourgón, el último asesor de Comunicación de Medio Ambiente, también era partidario de publicar los nombres de los infractores. Bourgón ha sido cesado hace unos días (el cuarto en dos años), al parecer por la personal concepción que de la política de comunicación tiene Tocino, quien desea controlar cualquier contacto con los periodistas. Según Bourgon, la reticencia ministerial a facilitar los datos se debe a que muchas sanciones no son firmes, "están recurridas y es prematuro dar a conocer la identidad de los multados". La cuestión se agrava porque, como reconoce el propio Cagigas, "recurren como locos" y en ocasiones desde que se inicia el expediente sancionador hasta que la multa se hace firme pasan tres o cuatro años. Sin embargo, los datos globales de sanciones por cuencas, facilitados por Medio Ambiente, se refieren sólo a expedientes ya firmes, según una cualificada fuente ministerial. De estos datos se desprende que las cuencas más castigadas en los tres últimos años, y por tanto hay que suponer las más contaminadas -aunque es arriesgado afirmarlo cuando faltan referencias a cuencas, como la del Segura, que pasa por ser de las más sucias del país-, son las del Júcar, Guadiana y Ebro. La del Júcar, la más multada en 1997 con más de 190 millones, ha sido este año, con apenas 23, desbancada por la del Guadiana que, hasta la fecha, ostenta el récord con cerca de 50 millones. Pero este panorama es sólo una parte del total si, como se afirma, están excluidos los expedientes recurridos. El espíritu de "quien contamina paga" llegó al cénit en 1993, con los socialistas, cuando las multas sobrepasaron los 771 millones, para descender en años posteriores y volver a repuntar en el 97, con 249 millones. Este año, a falta del último trimestre, se observa una clara disminución en las penalizaciones que no llegan a los 99 millones, pese a la clara voluntad de "no perdonar ni una" que manifiesta Cagigas.

"Es una vergüenza", afirma Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y organizador del primer Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas, celebrado recientemente en dicha ciudad. "Hay un nivel de complicidad de la Administración que puede facilitar u obstaculizar el espíritu de una ley. Existe una falta de voluntad política en la clarificación de los expedientes públicos que deben ser conocidos por los ciudadanos. Es fundamental que se sepa qué empresas lo están haciendo mal y contaminan, porque así la opinión pública puede presionar sobre la Administración y muchas veces es esta presión la que cambia o hace que se cumpla la ley. Y si la sanción está recurrida será un presunto contaminador". "No sólo no dan los nombres de los contaminadores", añade Arrojo, que mantiene una dura lucha con la Administración para que la Confederación Hidrográfica del Ebro le facilite la identidad de las empresas contratadas para hacer estudios u obras menores, "sino que detrás de este silencio hay pequeñas corruptelas. La fundación Ecología y Desarrollo acaba de ganar en los tribunales una denuncia por vertidos contra la empresa La Montañesa, que la Guardia Civil, el Seprona, se había cansado de denunciar por vía administrativa y nunca llegaba a nada".

Este experto en economía del agua mantiene que el control y depuración de los vertidos industriales "sigue siendo en la práctica un tema intocable. En este aspecto estamos todavía como en el Oeste americano. La mayoría de las Comisarías de Aguas, que son quienes vigilan, asumen por sistema una actitud permisiva".