No hay ley de la selva

Un hombre para su automóvil en un puente sobre la autopista Oviedo-Gijón y arroja sobre el asfalto a su propio perro, una pequeña hembra que se estrella contra el suelo. El dueño, denunciado por un testigo, recibió su castigo el pasado julio, meses después: 15.000 pesetas de multa por una "falta contra los intereses generales". Y eso gracias al Código Penal de 1995, que tipifica por primera vez el maltrato de animales.Al margen de ese texto, ninguna ley nacional protege a los animales de compañía. Ni de sus propios dueños, ni de las tiendas que comercian con ellos. Sí lo hacen directivas europeas, 13 leyes autonómicas y un sinfín de ordenanzas municipales, pero no impiden que maltratar a un animal, incluso matarlo, sea relativamente barato.

No muy caro les salió a los dueños de Magú, un chucho que llegó al albergue madrileño de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales (ANAA) hace cuatro años después de ser abandonado al nacer junto a sus hermanos. De los cuatro cachorros de su camada sólo Magú sigue en el centro. El resto han sido adoptados.

Un poco más pagó el propietario de un San Bernardo de nombre Blasie que pasó por el mismo albergue. El cachorro llegó moribundo y con la cabeza hinchada por los golpes. No contento con matar a dos cocker que tuvo con anterioridad, su dueño se pasó meses dando palizas al nuevo cachorro, al que llegó a estampar contra un coche y sobre cuya cabeza rompió más de una botella. Al autor de esas palizas la comunidad de Madrid le prohibió tener más animales. Lo que no sabe nadie es si ésto es así, porque cuando se compra un perro nadie pide documentación.

De hecho España no tiene una ley de protección animal. El proyecto está bailando desde hace años de despacho en despacho y la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, que se comprometió a aprobarlo según varias asociaciones, no lo ha hecho. Ni siquiera hay una división en el ministerio dedicada a los animales domésticos, si bien se halla en preparación.

Por eso es la legislación autonómica la que más vela por el bienestar de los animales domésticos. Pero cuatro comunidades, entre ellas Asturias (el lugar donde la perrita fue arrojada a la autopista) no han aprobado todavía ninguna norma específica. Las otras son Extremadura, Andalucía, que como Asturias tiene la ley en proyecto, y Aragón.

En el resto, las disposiciones son muy similares: sobre todo, prohibir los malos tratos y el abandono. Pero también, como hace la madrileña de 1990, garantizar que el animal viva en un alojamiento adecuado. Ahora bien, el incumplimiento de todas estas normas sólo acarrea sanciones económicas: de 250.000 pesetas hasta 2.500.000. Varias directivas comunitarias y una resolución del Parlamento Europeo de 1994 (Estatuto de los Animales), intentan impedir también que un perro pase encerrado en una estrecha terraza todo el verano, que haya tradiciones que justifiquen emborrachar a un burro hasta la muerte o que el capricho de un dueño lleve a los veterinarios a arrancar a sus perros las garras delanteras o recortarles orejas y rabos. Algo que éstos hacen casi siempre sin plantearse impedimento ético alguno, como admite Francisco Orozco, miembro de la Federación de Veterinarios Europeos.

La única disposición efectiva contra el maltrato animal es el artículo 632 del Código Penal, que lo castiga con multas de 10 a 60 días (se calculan según la capacidad económica del imputado). Matar a un animal es sólo una falta, y no un delito como piden las sociedades protectoras.

Las normas están ahí, pero su incumplimiento queda casi siempre impune. "Denuncias hay muchísimas; que lleguen a juicio, menos, y que terminen en condena, casi ninguna", explica Jorge Fernández, de la Sociedad Protectora de Animales de Mieres (Asturias, 53.400 habitantes), que ha presentado más de cien denuncias por malos tratos y asesinatos de animales. Fernández sólo recuerda las condenas del caso de la perra ovetense arrojada contra el asfalto y las 75.000 pesetas que tuvo que pagar el dueño de un cachorro al que dejó encerrado durante el verano, sin agua y sin comida, en una vivienda de Tirajana (Gran Canaria) mientras él se iba de vacaciones. Estas asociaciones son las que se preocupan de denunciar: a los dueños -menos, porque es "más raro", admite la presidenta de la Asociación Nacional de Defensa de los Animales (ANDA), Mariana Sáenz de Galdeano- y a las tiendas que comercian con los animales.

Legalmente entraron en España en 1997 un total de 103.778 animales (casi el 70% de ellos son aves). Un negocio que en todo el mundo mueve, según Adena, dos billones de pesetas, y cuya tercera parte se supone ilegal.

El tráfico ilegal de animales (especímenes exóticos sobre todo, "el tercero en importancia después del de armas y drogas", dice un responsable de esta organización, sí está penado con la cárcel. Tanto por el Código Penal como por la Ley de Contrabando. Ambos lo tipifican como delito y fijan penas de seis meses a tres años siempre que el valor del cargamento supere los tres millones de pesetas. Más una multa. Pero nadie está entre rejas por esta causa, admiten en el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la única división con competencia estatal sobre el problema. Los perros y gatos son otra historia. De ellos se puede saber el número aproximado (cuatro millones de perros y dos de gatos domésticos, según el Consejo General de Colegios Veterinarios) y casi cada sociedad protectora cuenta con su propio albergue canino para recoger y recolocar aquéllos abandonados o maltratados. Su lucha ahora consiste en generalizar la esterilización (por unas 40.000 pesetas) y controlar el disparado crecimiento demográfico.

Todos -autoridades, asociaciones y veterinarios- están de acuerdo en que la responsabilidad del bienestar animal es siempre del dueño, pero deben ser las instituciones las que vigilen que éste pague su culpa cuando se produce el maltrato. Por el momento, y a falta de una ley, las penas y multas ni siquiera consiguen asustar.