Vizcaya rechaza la propuesta socialista de subir el Impuesto de Sociedades en 2,5 puntos
Las negociaciones sobre la reforma del IRPF continúan, pero, la propuesta del PSE que prevé una subida de dos puntos y medio de tipo general de Impuesto de Sociedades no entra entre los puntos a negociar por los responsables de la Diputación de Vizcaya. Las diputaciones han cerrado ya la primera ronda de negociaciones con los partidos políticos, los sindicatos y la patronal y confían en que las normas forales se puedan presentar antes del próximo 30 de octubre para que su tramitación no coincida con los de los presupuestos forales.
Fernando Olmos, diputado foral de Hacienda de Vizcaya, espera que las tres diputaciones y el Gobierno alcancen antes de esta fecha un acuerdo lo más amplio posible. El objeto de tramitarla antes de esta fecha es que pueda estar aprobada antes del 1 de enero de 1998, lo que permitiría que la norma estuviera vigente en todo el ejercicio del año próximo. Entre las correcciones que se efectuarán al Libro blanco, destacan las recogidas en materia de vivienda y las que afectan a separados o divorciados. Así, Olmos anunció la aplicación de una disposición transitoria aplicable a las desgravaciones por este concepto de forma que no resulten perjudicados por la nueva norma. En cuanto a los miembros de parejas separadas o divorciadas, se verán favorecidos por el establecimiento de una pensión por hijo. Olmos se opuso a la petición de los socialistas vascos de revisar, una vez más, el Impuesto de Sociedades hasta situarlo de nuevo en el 35%. Para respaldar su oposición a la propuesta, que calificó de contraproducente, aseguró que la recaudación por este impuesto se multiplicará por ocho al concluir este año, al pasar de 5.000 a 40.000 millones de pesetas. Impuestos especiales Por otro lado, la Diputación Foral de Vizcaya planteará en la próxima reunión del Consejo Vasco Finanzas (CVF) que se modifique la forma en que hasta el momento las haciendas forales están gestionando la recaudación de los Impuestos Especiales, aquellos que gravan alcohol, tabaco e hidrocarburos. La recaudación de estos impuestos estaba siguiendo un modelo especial transitorio, diferente al del resto de los tributos concertados, ya que cada Diputación aportaba lo que recaudaba a un fondo común y después se repartía este fondo entre las tres en función de los coeficientes horizontales de la ley de Aportaciones. La gestión de los impuestos especiales se transfirió al País Vasco en virtud de la renovación del Concierto Económico y Ley del Cupo. Su recaudación comenzó a gestionarse por las haciendas forales en agosto de 1997, por lo que el primer ejercicio completo de gestión será el presente año. En el momento de traspaso de esta competencia se desconocían los efectos que podría tener en la recaudación, tanto en su compensación respecto de Madrid, como en su reparto interno en Euskadi. Se da la circunstancia de que los depósitos fiscales (puntos en los que se realiza el cobro del impuesto) de hidrocarburos están radicados mayoritariamente en Vizcaya, por lo que Álava y Guipúzcoa apenas ingresarían por este concepto. Sin embargo, el consumo de dichos productos se realiza en los tres territorios y lo que en teoría gravan dichos impuestos es el consumo en sí. Olmos, que anunció ayer el cierre de la campaña de la renta de 1997, dijo que reclamará al CVF que se ponga en funcionamiento el fondo de solidaridad previsto en la ley de Aportaciones ya que según su criterio Vizcaya aporta más de lo que le corresponde. Olmos justifica su tesis señalando que el coeficiente de aportación de Vizcaya en 1998 es del 51,98%, cuando su recaudación prevista para 1998 representa sólo el 50,3% del total de ingresos de las haciendas forales. Estas diferencias en los porcentajes se producen, de acuerdo con Olmos, por factores como que el todas las retenciones de los trabajadores del Gobierno se efectúen en Vitoria, por lo que la Hacienda de Álava ingresa las cantidades devengadas a los trabajadores que residen en Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que las devoluciones se realizan por las otras dos haciendas, y por la tributación de las emisiones de deuda del Gobierno.
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