Maridos que matan

CUARENTA MUJERES asesinadas por sus maridos o ex maridos, novios y ex novios en lo que va de año justificarían un esfuerzo colectivo -legal, jurisdiccional, policial, social- adecuado a la gravedad del problema. Ninguna estadística podrá recoger el sufrimiento y el pavor que esconde cada caso particular, pero se calcula que sólo se denuncia el 10% de las agresiones en el seno de la pareja y el año pasado se registraron 17.000 denuncias de malos tratos de mujeres, el 80% con reincidencia, a manos de sus maridos. Casi todos los asesinatos fueron la culminación de meses o años de palizas, humillaciones, amenazas. Nuestro sistema legal y judicial no es capaz de evitar que esas situaciones se prolonguen. Luego urge hacer más de lo que ya se hace.En el terreno legal, en primer lugar. La agravación de las penas en el nuevo código debe completarse con medidas destinadas a facilitar una más eficaz protección de las víctimas. Con la actual legislación sobre prisión preventiva es difícil que un juez pueda encarcelar a un agresor doméstico. El resultado es que tales agresiones, asociadas frecuentemente a problemas de alcoholismo -y también de narcisismo masculino herido-, tienden a convertirse en rutinarias sin que la justicia sea capaz de evitarlo. Alegar, como hacen algunos jueces, el principio de no injerencia en problemas domésticos para abstenerse de proteger a la víctima es irresponsable cuando lo que está en juego es la integridad física y a veces la vida de las mujeres. El fiscal general del Estado, que dedicó a este problema un capítulo de la memoria que presentó en la apertura del año judicial, anunció ayer una circular instruyendo a los fiscales sobre la necesidad de un mayor rigor y severidad en la aplicación de la ley.

La mayoría de las demandas de separación son instadas por las mujeres, y los malos tratos son la causa más frecuentemente alegada. Sin embargo, la dependencia económica, especialmente cuando hay niños pequeños, es un factor que inhibe a muchas mujeres de recurrir a esa posibilidad. La existencia de 130 centros de acogida de mujeres ha paliado en parte ese problema, pero se trata de una solución provisional. Y el promedio de un asesinato de este tipo cada seis días en 1997 demuestra que hay muchas más mujeres amenazadas que las 76 que actualmente reciben protección policial por esa causa. He ahí un amplio campo de actuación urgente para quienes pontifican sobre el carácter obsoleto del Estado asistencial. El Consejo de Ministros debería abordarlo junto con las reformas del Código Penal que estudia hoy.