El patito feo

José María Aznar mostró la inconsciencia propia de los aprendices de brujo, incapaces de controlar las fuerzas demoníacas despertadas por sus conjuros, cuando tuvo la malhadada ocurrencia de bautizar con el provocativo título España. La segunda transición (Espasa-Calpe, 1994) un libro suyo de propaganda electoral. Tampoco los publicistas afines al PP, gozosos y entusiasmados ante esa irresponsable puesta en cuestión de la transición democrática, repararon en los riesgos de una demagógica metáfora orientada a deslegitimar los años de Gobierno socialista. Porque la marcha fúnebre de la primera transición implicaba tambien el entierro de la Constitución de 1978, aquel acuerdo histórico que reconcilió a los derrotados en la guerra civil con los vencedores en la contienda y a los opositores a la dictadura con los reformistas del régimen franquista.El consenso constitucional cubrió dos objetivos básicos: la creación de mecanismos para la pacífica alternancia electoral entre la derecha y la izquierda y la integración del nacionalismo catalán y vasco en el Estado de las Autonomías. Y si la derecha representada por Aznar jugueteó frívolamente en 1994 con la idea de una segunda transición para refundar la democracia supuestamente destruida por la izquierda de Felipe González, en cambio las pretensiones nacionalistas de reabrir en 1998 el proceso constituyente y modificar la planta del Estado van en serio. La Declaración de Estella firmada hace diez días por partidos y organizaciones nacionalistas (más la guinda oportunista de Izquierda Unida) preparó el terreno a la tregua de ETA mediante la propuesta de una negociación circunscrita a las fuerzas vascas que desembocase en el derecho de autodeterminación de Euskal Herria frente a España y Francia. Y el pasado jueves CiU, el PNV y BNG concluían en Vitoria su segunda reunión en la cumbre con la solemne ratificación del programa acordado durante su anterior encuentro a mediados de julio en Barcelona: el inicio de un camino común para lograr "la asunción de la pluralidad nacional en el ámbito del Estado" y el pleno "reconocimiento jurídico-político, social y cultural" de Cataluña, Euskadi y Galicia como naciones.

CiU y el PNV, socios del Gobierno de Aznar en las Cortes Generales y fuerzas gobernantes en sus comunidades autónomas, han juntado fuerzas con el BNG para crear un órgano permanente de coordinación de acción política en el Congreso y el Senado. Los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos también han establecido grupos de trabajo sobre diversos temas: Tribunal Constitucional, politica exterior y de defensa, posición de los nacionalistas en los diferentes órganos de designación parlamentaria (desde el Consejo General del Poder Judicial hasta el Tribunal de Cuentas), política lingüistica, cultural y deportiva, participación de Cataluña, País Vasco y Galicia en las toma de decisiones de la Unión Europea, etc.

Los herederos de la Triple Alianza nacionalista de 1923 y de la Galeuzca de 1933 no se han puesto todavía de acuerdo sobre la vía jurídico-política más adecuada para "remover los obstáculos que impiden el reconocimiento del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe" del Estado español. Algunos consideran que ha llegado ya la hora de abrir el melón de la Constitución; otros prefieren, en cambio, bordear esa reforma por sus costosas exigencias de mayorias cualificadas en las Cortes Generales y referéndum popular: bastaría, a su juicio, con una relectura adecuada de la norma fundamental o con una interpretación flexible de su disposición adicional sobre los derechos históricos de los territorios forales. Pero la nueva Galeuzca recupera la unanimidad a la hora de zurrarle la badana al Tribunal Constitucional: la severa crítica de su jurisprudencia sobre el Título VIII marcha en paralelo con la exigencia de modificar el mecanismo electivo de sus magistrados para dar entrada a los nacionalistas. Humillado por un Parlamento que demora su deber de sustituir a los magistrados salientes, y sometido a fuertes presiones por el PSOE en el caso Marey, al Tribunal Constitucional sólo le faltaba esta feroz embestida de los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos para convertirse definitivamente en el patito feo de nuestro sistema jurídico-político.