El Constitucional paraliza el acuerdo vasco sobre las plantillas judiciales

El Tribunal Constitucional notificó ayer oficialmente al Gobierno vasco que queda suspendido el acuerdo para la modernización de la Justicia en Euskadi, el cual fue recurrido al alto tribunal por el Ejecutivo central. El principal fruto hasta ahora del mismo es la relación de los requisitos que deben tener los funcionarios judiciales que trabajen en la comunidad autónoma.El conflicto sobre cuál de las dos administraciones debe tener la competencia sobre la plantilla judicial vasca se viene arrastrando desde comienzos de año y ha envenenado las relaciones entre la titular del ministerio, Margarita Mariscal, y los dos consejeros que se han sucedido en este tiempo al frente de esa cartera en el Gobierno de Vitoria.

Tras meses de polémica y un frustrado intento de acuerdo, Mariscal endureció su postura el pasado 12 de agosto planteando un conflicto de competencias, cuya consecuencia inmediata es paralizar el acuerdo recurrido. Hasta ayer, el Ejecutivo de Vitoria no tenía constancia oficial del recurso, que ha calificado como "decimonónico" y una muestra del talante "autoritario" de la ministra.

El Ejecutivo central entiende que el vasco exige a los funcionarios judiciales algunas condiciones que no se ajustan al reparto de competencias entre ambas administraciones y que no se puede parcelar la normativa sobre cuerpos nacionales (oficiales, agentes y auxiliares judiciales). El ministerio considera ilegal, por ejemplo, que se exija un determinado nivel de euskera para ocupar algunos puestos en la judicatura. Además, observa irregularidades en otros cinco requisitos. Desde el departamento vasco siempre se ha mantenido que no existe ningún problema de legalidad y sí de falta de voluntad política del Gabinete de Aznar.

El acuerdo de plantillas judiciales fue suscrito entre el Gobierno vasco y todos los sindicatos el pasado marzo y afecta a 1.700 funcionarios de plantilla y otros 200 interinos. El texto fue respaldado por un informe favorable del CGPJ, al que el Gobierno central se negó a elevar el acuerdo. La comunidad autónoma cuenta con las competencias del personal de Justicia desde 1996.