Los planes aguados de Isabel Tocino

El Gobierno ha aprobado los planes hidrológicos de cuenca, y la ministra Tocino ha definido pomposamente esta decisión como "el inicio de una nueva cultura del agua". Lo primero que habría que decir es que de nueva, nada; más bien todo lo contrario. El Gobierno ha ratificado, sin introducir modificación alguna, diez planes aprobados por las correspondientes confederaciones hidrográficas, en la gran mayoría de los casos hace más de cuatro años. De hecho, siete de ellos habían sido ya remitidos en 1995 al Consejo Nacional del Agua para su preceptivo informe, y el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente trabajaba en la redacción de un nuevo anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional, que suponía el necesario marco de referencia para reconducir el contenido de planes de cuenca muy heterogéneos y que, tomados en su conjunto, definen un escenario a 20 años excesivamente expansivo en cuanto al consumo de agua: nada menos que un millón largo de nuevas hectáreas de regadío, lo que, unido a incrementos muy significativos del consumo urbano de agua, justificarían unos 200 embalses adicionales y numerosos trasvases entre cuencas.Los planes hidrológicos de cuenca son el resultado de una amplia documentación, más de 15.000 folios, cuyos correspondientes estudios previos fueron duramente criticados por el Partido Popular desde la oposición. Recién llegada al cargo, la ministra de Medio Ambiente descalificaba todo este trabajo realizado como base de la planificación hidrológica y anunció la inmediata elaboración de un Libro Blanco sobre el agua para reorientar en profundidad dicha planificación hidrológica. Sin embargo, más de dos años después, la ministra presenta los mismos documentos por ella criticados sin el menor rubor.

La señora Tocino -que ha sido incapaz de revisar estos planes de cuenca, ni de presentar siquiera un anteproyecto de Plan Hlidrológico semejante al último borrador de 1994 del Gobiemo socialista, en el que ya se rebajan a menos de la mitad las nuevas hectáreas de regadío- los presenta ahora como el marco de una "política del agua basada en el ahorro y en la gestión". No cabe mayor cinismo, cuando, en realidad el actual Ministerio de Medio Ambiente ha rebajado drásticamente la inversión pública en obras hidráulicas, incluyendo, por supuesto, las obras de mejora y de modernización de las infraestructuras existentes, así como fase de limpieza y restauración forestal de cauces; y está literalmente desmantelando las confederaciones hidrográficas, es decir, los organismos públicos encargados de la tutela y vigilancia de nuestros ríos. Y si no, que se lo pregunten a los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro -la primera afectada por la creación de una de las denominadas "Sociedades de Aguas", que irán vaciando paulatinamente de tareas a las confederaciones, eso sí, contratando nuevos efectivos con sueldos "de mercado"-.

La ministra de Medio Ambiente, en una de sus habituales piruetas mediáticas, ha puesto el énfasis en lo que los planes hidrológicos tienen, sin duda, de "ordenación" del recurso -el reconocimiento de los usos del agua garantizados por las concesiones vigentes en cada cuenca-, al elevarse a un decreto gubernamental la práctica existente desde hace años en las confederaciones. Y cuando le han preguntado si habla previsiones de inversión pública para los cerca de ocho billones de pesetas contemplados en los planes para los próximos veinte años, la ministra ha tenido que reconocer que no habrá financiación de su departamento, "porque sólo se harán aquellas obras que resulten económicamente viables". ¿Se atreverá también a repetir esto en todo el territorio nacional después de haber "vendido" que la aprobación de los planes de cuenca por parte del Gobierno significaba la confirmación de sus múltiples compromisos presupuestarios? Efectivamente, se construirán aquellas infraestructuras que sean atractivas para la iniciativa privada, y que no tienen por qué coincidir con las actuaciones más necesarias desde el punto de vista social y ambiental. ¿Financiará, por ejemplo, la iniciativa privada la reparación del pantano de Beninar (Almería), cuyas grietas suponen no sólo una importante pérdida económica, sino un importante riesgo potencial? ¿Financiaría la iniciativa privada los programas de repoblación forestal y de restauración ambiental, absolutamente necesarios para frenar la erosión del suelo?

De una ministra de Medio Ambiente que se autonombra presidenta del Patronato de Doñana cabría haber esperado una política del agua menos economicista y más sostenible. Este Gobierno no ha cumplido ni siquiera el acuerdo alcanzado en junio de 1994 en el Consejo Nacional del Agua, por el que se debían someter los planes hidrológicos de cuenca a una evaluación ambiental del conjunto de las actuaciones en ellos previstas. Por el contrario -en el contexto de una creciente desregulación de la gestión del agua- tienen razón los representantes del movimiento ecologista: al aprobar los planes de cuenca "en bruto", se ofrece una teórica cobertura política a la construcción de cualquier infraestructura una especie de "licencia para matar". Todos sabemos que la actual legislación sobre declaración de impacto ambiental no garantiza un auténtico análisis de alternativas, en particular en el caso de obras de regulación hídrica; pero no hay el menor síntoma de voluntad de mejorar esta situación.

Por último, ¿qué sentido tiene hablar de planificación hidrológica cuando el Gobierno está a punto de aprobar una reforma de la Ley de Aguas que vacía de cualquier contenido dicha planificación? Así lo señala, entre otros, el reciente dictamen del Consejo Económico y Social, que valora muy desfavorablemente la reforma en su pretensión de crear un mercado de los derechos del agua muy poco tutelado.

Precisamente cuando todos los organismos internacionales destacan la importancia de la gestión pública del agua y la necesidad de incrementar el gasto público en esta materia, el Gobierno español opta por atribuir a la inversión privada la correspondiente iniciativa. Ésa, y no otra, es la "nueva" filosofía sobre el agua, que el Gobierno pretende enmascarar utilizando los planes hidrológicos de cuenca heredados de la etapa socialista al margen de cualquier planificación de ámbito nacional que les dote de credibilidad. ¿Qué quedará de los planes de cuenca cuando aparezca el Libro Blanco o el Plan Nacional de Regadíos? ¿Qué efectos tendrá la actual restricción presupuestaria sobre nuestros acuíferos, nuestros ríos y nuestros equipamientos?