Justicia detecta que la mitad de las fundaciones está inactiva y el 25% sirve para evadir impuestos

La mitad de las fundaciones registradas en Euskadi está inactiva y otro 25% ha adoptado esta forma jurídica para disfrazar su condición de empresas y evadir así sus obligaciones tributarias, según un estudio del Gobierno vasco. El Ejecutivo ha puesto en marcha un plan para instar a la extinción de algunas y para revitalizar otras. Además, coordinará con las haciendas forales una estrategia para que el 25% de fundaciones que en realidad son empresas deje de ampararse en la forma jurídica de la fundación y no pueda soslayar el pago de los pagos que le corresponden.

El Parlamento vasco aprobó en 1994 la Ley de Fundaciones, donde se recoge el carácter de utilidad pública, interés social y altruismo de estas entidades. Por lo tanto, las fundaciones nacen con objetivos benéficos, asistenciales, sociales o culturales y sin ánimo de lucro. De esta forma se pueden acoger a una serie de beneficios fiscales otorgados por las haciendas de los tres territorios. Sin embargo, el estudio del Gobierno vasco ha detectado que una cuarta parte de las 340 fundaciones que figuran en el registro del Departamento de Justicia son proyectos empresariales que no tienen derecho a esos incentivos fiscales y que deberían rendir cuentas ante el registro mercantil y pagar el impuesto de sociedades como cualquier sociedad anónima, limitada o cooperativa. El director de Estudios y Régimen Jurídico del departamento de Justicia, Abel López de Eguileta, confirmó que un 25% de las fundaciones registradas "debería adoptar el tipo jurídico de una sociedad anónima o limitada y no el de una fundación. Hemos comprobado cómo han adoptado la figura de la fundación para escapar a los controles económicos que establecen las leyes". Competencia foral El Gobierno sólo puede regular los aspectos administrativos y jurídicos de las fundaciones, mientras que los contenidos tributarios y fiscales corresponden a las haciendas forales, que son las que tienen las competencias. López de Eguileta adelantó que el Ejecutivo coordinará junto a las diputaciones un plan para atajar este fenómeno. En el lado opuesto, otro 25% sí que funciona como auténticas fundaciones. Se trata de entidades muy activas y dotadas con un patrimonio fundacional muy importante. "Aquí cabe encuadrar", señaló el director de Régimen Jurídico, " a las organizaciones bancarias como la Caja Vital Kutxa o la BBK, que tienen una seriedad, un prestigio y una organización consolidada. Presentan cuentas todos los años y tienen un volumen de actividades muy significativo. Es evidente su utilidad pública". Mientras, el otro 50% restante se debate en una confusa situación, según López de Eguileta. Se trata de fundaciones que siguen una concepción muy tradicional, concebidas en su mayor parte en base al testamento de un fundador. "Las rentas de esos testamentos", apuntó Eguileta, "van a financiar las actividades de esas funciones, que en la práctica han quedado superadas por la realidad actual. Por ejemplo, hay varias fundaciones dedicadas a dar becas para ayudar a la educación de los niños pobres, cuando en la actualidad la educación es gratuita hasta los 16 años". Extinguir o revitalizar El departamento se ha dirigido por carta a todas ellas, tanto a las fundaciones como a los ayuntamientos donde están domiciliadas, para que digan si existen o no como tales, qué tipo de actividades realizan, cuáles son los miembros de su patronato, su opinión sobre lo que sería mejor para recuperar su trabajo, o bien si consideran que lo más interesante es extinguirse porque carecen de objeto social. "Con una parte de esas fundaciones", resaltó el responsable de Régimen Jurídico, "tendremos que promover su extinción o que se fusionen con otras que tengan su mismo fin. La incentivación se hace introduciendo a personas más dinámicas en los patronatos". Por otra parte, otro estudio del Gobierno subraya el escaso cumplimiento por parte de las fundaciones de la obligatoriedad de rendir cuentas ante el Protectorado, que es el órgano supremo administrativo recogido en la Ley vasca de Fundaciones y que tiene la finalidad de vigilar y asesorar a estos organismos. De las 340 fundaciones existentes, tan sólo han remitido algún tipo de información 142, lo que significa el 42% del total. Además, el informe incide en que la calidad de la información es "baja y no se halla adecuadamente firmada".