Los desafíos de la ONU en Argelia

A petición del secretario general de Naciones Unidas, una delegación presidida por Mario Soares y compuesta por Simone Veil, I.K. Gujral, Abdel Karim Kabariti, Donald McHenry y Amos Wako se desplazará mañana a Argelia para realizar una "misión informativa" de unos 15 días. Como miembros del Comité Internacional por la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos en Argelia, recientemente creado en París, no podemos por menos que alegrarnos por esta iniciativa y esperamos vivamente que aporte luz sobre una situación compleja, confusa y oscura y que, al mismo tiempo, contribuya a que la paz civil vuelva a Argelia.El Gobierno argelino ha querido esta misión y le ha prometido un "acceso libre y total" a todas las fuentes de información. No dudamos de que sus miembros podrán reunirse con representantes de las fuerzas vivas de la nación. Los diferentes ministros les explicarán que hoy en Argelia se vive con normalidad, aunque exista todavía un "terrorismo residual". Les indicarán que su erradicación se ve dificultada por la excesiva tolerancia de los gobiernos occidentales hacia los grupos islamistas clandestinos que utilizan sus países como bases de apoyo al terrorismo en Argelia. E insistirán en la urgencia de una mejor coordinación antiterrorista internacional. Y todos subrayarán que esta realidad no debe ocultar el buen funcionamiento de las nuevas "instituciones democráticas", ni la libertad de expresión de la "prensa independiente".

Ello será confirmado por la gran mayoría de los representantes del Parlamento y del Senado, así como por los redactores jefe de los diferentes medios de comunicación, que no dejarán de recalcar la libertad de expresión de la que dan muestras a diario. El presidente del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos (ONDH, estrechamente vinculado al presidente de la República), Kamel Rezzag Bara, reconocerá la existencia de "atropellos y abusos" por parte de las fuerzas del orden, pero explicará que tienen un carácter limitado y son perseguidos y castigados de forma sistemática por la Justicia, lo cual corroborarán los miembros del Consejo General del Poder Judicial, quienes subrayarán su función de garantes de la independencia de los magistrados.

La delegación se reunirá por último con representantes de la "sociedad civil": asociaciones de mujeres, de personal sanitario, de militantes para la resolución del problema de la vivienda, de sindicalistas de la UGTA (Unión General de Trabajadores de Argelia)... Seguramente quedará impresionada por su libertad a la hora de hablar, incluso para criticar al poder, y por su valor ante los dramas provocados por el terrorismo islamista y ante las dificultades de la vida cotidiana.

Si los miembros de la misión de la ONU se limitan a estas reuniones, abandonarán Argelia con la impresión de que, si bien es cierto que, aunque el país vive todavía horas difíciles, está en camino hacia una verdadera democracia, como testimonian la mayoría de sus interlocutores. Y, sin embargo, esta "democracia vigilada" por el "poder real", según los términos utilizados por los argelinos para referirse a los jefes del ejército, sólo concierne a una pequeña fracción de la sociedad. Si la delegación desea "conocer toda la realidad de la situación argelina en todas sus dimensiones", como le instó a hacer Abdalá Baali, embajador argelino ante la ONU, invitamos a sus miembros a tomárselo al pie de la letra y ampliar sus investigaciones.

Les invitamos, por ejemplo, a reunirse, sin la presencia de testigos, con los abogados de las víctimas de "atropellos y abusos" de las fuerzas del orden, que podrán contactar a través del Sindicato Nacional de Abogados, presidido por Mahmud Jelili, o de la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos, bajo la presidencia de Alia Yahia Abdenur. Les hablarán de juicios dictaminados por los tribunales basándose sólo en confesiones arrancadas bajo tortura, de violaciones sistemáticas de los derechos a la defensa y de ejecuciones extrajudiciales que se han convertido en moneda corriente. Les invitamos a reunirse, sin testigos, con los representantes del Sindicato Nacional de la Magistratura que reclaman la derogación del decreto ejecutivo del 24 de octubre de 1992 -que prácticamente ha anulado la independencia de los jueces- y que se oponen al reciente proyecto de ley sobre el estatuto de la magistratura, que agravaría aún más esta situación. Les invitamos a reunirse, sin testigos, con los representantes de los miles de familias que buscan a sus parientes "desaparecidos", secuestrados por miembros de las fuerzas de seguridad o de las milicias armadas por el poder.

Les invitamos a reunirse, sin testigos, con los periodistas de los órganos de prensa "suspendidos" o prohibidos. Estamos convencidos de que tales testimonios les ayudarán a interrogar con precisión a sus interlocutores oficiales acerca de las denuncias realizadas desde hace varios años por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, planteándoles en especial las siguientes preguntas:

-¿Por qué el ejército argelino que, según los términos de la Constitución, no desempeña ningún papel político, ocupa según observadores fidedignos un lugar tan decisivo en el sistema político imponiendo sus preferencias -abiertamente o no- en cada momento importante?

-¿De qué garantías se ha dotado el Estado para que la represión del terrorismo se realice dentro del respeto de los convenios y pactos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Argelia?

-¿Es posible visitar los 14 centros de detención de la región de Argel considerados centros de tortura por la Federación Internacional de los Derechos Humanos? -¿Es cierto que hay actualmente 18.000 presos políticos acusados de "actos terroristas"? ¿En qué condiciones fueron juzgados y condenados?

-¿Sigue todavía en vigor la orden ministerial del 7 de junio de 1994 que prohíbe a los medios de comunicación difundir informaciones sobre la "situación relativa a la seguridad pública" que no sean los "comunicados oficiales" del Ministerio del Interior? ¿Es exacto que hay unos "comités de lectura" del Ministerio del Interior presentes en las tres imprentas públicas que imprimen los diarios de Argel?

-¿Por qué durante las masacres acaecidas entre el verano de 1997 y comienzos de 1998, las fuerzas del orden no intervinieron, cuando algunas de sus unidades se encontraban estacionadas en las proximidades? ¿Se emprendieron investigaciones en relación con los testimonios recogidos por ONGs de defensa de los derechos humanos, según las cuales los grupos armados que masacran a civiles actúan en ocasiones de forma concertada con algunas unidades de las fuerzas de seguridad o con el consentimiento de éstas?

-¿Es cierto, como indicó el primer ministro Ahmed Ouyahia, que existen 5.000 "grupos de legítima defensa" (GLD) cuyo estatuto está definido en la ley de 4 de enero de 1997? ¿Es compatible su existencia, desde 1994, con el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos de la ONU, ratificado por el Estado argelino en 1989? ¿Es cierto que dichos GLD participan en acciones ofensivas con las fuerzas de seguridad? ¿En virtud de qué textos legales?

-¿Qué acciones emprendió el ONDH ante las 1.928 peticiones de localización de personas desaparecidas que reconoció haber recibido entre 1994 y 1996? ¿Recibió con posterioridad nuevas peticiones? En caso afirmativo, ¿cuántas y qué acciones emprendió?

Esperamos vivamente que la delegación pueda obtener respuestas sinceras a estas preguntas y a todas aquellas que juzgue útil plantear. A nuestro parecer, de ello depende la credibilidad y la eficacia de su misión: hay que intentarlo todo para evitar que el pueblo argelino se vea aún más abocado a la desesperación por considerar que la comunidad internacional sólo interviene para fortalecer el statu quo. También esperamos que esta visita no sea utilizada para eximir una vez más al Estado argelino de sus compromisos de cooperación con las instancias oportunas de Naciones Unidas, compromisos vinculados a los tratados internacionales que él mismo ratificó. Es particularmente urgente que el Gobierno conceda a los dos enviados especiales de la ONU, encargados de investigar las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, la autorización para desplazarse a Argelia para realizar averiguaciones, algo que llevan esperando desde 1993.

Sólo unas medidas aperturistas basadas en el respeto a los derechos humanos y las libertades democráticas pueden permitir la vuelta de la paz y la marginación de los extremistas, condiciones indispensables para el progreso de Argelia y la estabilidad de la región: esperamos que logren que este mensaje sea escuchado.