La Ertzaintza advirtió en 1996 que varios organismos no reclamaban las deudas de Egin

Un informe jurídico realizado en julio de 1996 por la Consejería vasca de Interior llama la atención sobre el hecho de que ni los bancos, ni la Seguridad Social ni la Hacienda Foral de Guipúzcoa hubieran emprendido acciones legales para hacer efectivo el cobro de las deudas y obligaciones que tenía entonces contraidas el denominado grupo Egin. Según el estudio, el citado grupo "se encuentra desfondado y en quiebra". La investigación "especial" realizada para "delimitar la situación legal y económico-financiera" del grupo Egin se centró en el periodo comprendido entre enero de 1993 y mayo de 1996.

, Los autores del análisis llegaron a la conclusión de que el complejo empresarial "emprendió una tosca huida hacia adelante en el mes de enero de 1993, tratando de alzar sus bienes y ponerlos a buen recaudo de sus legítimos acreedores, particularmente de la Seguridad Social y de las entidades bancarias que le han provisto de financiación en los últimos tiempos". El grupo Egin, "según es conocido por notoriedad y se sigue de los documentos e informes" que manejaban los analistas estaba constituido, entre otros, por Orain, S.A., Ardatza S.A. y Erigane S.L.Estas tres sociedades fueron las citadas el pasado miércoles por el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, al informar de la operación policial dirigida por el juez Baltasar Garzón, que se saldó con la detención de 11 personas y la clausura del diario Egin y la emisora Egin Irratia.

El informe da por supuesta "la inviabilidad de una acción legal de los accionistas" de las empresas y, al mismo tiempo, resalta "la llamativa y reincidente inacción u omisión en el hacer que se percibe en el campo de los acreedores bancarios". Ante estas circunstancias, el análisis considera que quienes debían emprender las acciones legales debían ser en primer lugar la Seguridad Social y a continuación la Hacienda Foral de Guipúzcoa.

El informe sostiene que la Seguridad Social es "titular del mayor de los créditos entre los acreedores del grupo Egin" ya que en esta fecha detentaba un mínimo asegurado de 690 millones de pesetas", con embargo de bienes preventivo que vencen el próximo agosto y en julio de 1999. La Seguridad Social, dice "es, además, el Estado y representa los intereses generales y, entre ellos, la defensa de la igualdad efectiva entre los ciudadanos".

Una peculiar Bastilla

El dictamen pericial cree que es a la Seguridad Social a la que correspondería "iniciar el ataque a esta peculiar e impune Bastilla", para lo que le bastaría con "instar la quiebra de Orain y, como consecuencia ineluctable, la del grupo Egin como un todo". Y cree que "es probable que, actuando a tiempo, se puedan hacer efectivos los débitos sobre los peculios remanentes del grupo Egin y de sus administradores antes de que sea tarde".Los analistas dejan entrever cierto reproche a la Hacienda Foral de Guipúzcoa al considerar que en esa fecha -29 de julio de 1996- "ha de tener en su mano sobradas pruebas de que el grupo Egin ha sobreseído en el pago corriente de sus obligaciones fiscales". En estos casos en los que existen "indicios de alzamiento de bienes" en perjuicio del erario público, todas las haciendas convocan "a la mayor brevedad posible" a los contribuyentes para aclarar la situación.

Las operaciones financieras realizadas en el seno del denominado grupo Egin entre 1993 y 1996 "aportan evidencias más que fundadas de la contingencia fiscal, en gran medida devengada y exigible", sostiene el informe. Argumenta que las citadas cuotas tributarias supuestamente adeudadas afectan a los ciudadanos de Guipúzcoa y no sólo a "unos pocos y privilegiados de sus pobladores".

Los peritos pedían a la autoridad competente "paciencia jurídica" y profundización en la información recopilada hasta entonces, pese a los indicios existentes sobre el grupo empresarial. "El proceso de dilución o transferencia de activos", decían, "desde la cabecera Orain a una pléyade de sociedades infracapitalizadas de nueva planta está, evidentemente, todavía en gestación y curso". Entre las gestiones que recomendaban para la futura investigación estaba "indagar sobre las cuentas del grupo Egin, sobre todo de Ardatza y Erigane, cruzadas o solapadas en la sucursal de la LKA [Caja Laboral] de la avenida de la Libertad 10 de San Sebastián".

El equipo jurídico hace unas consideraciones en las que da por supuesto que las autoridades que encargan el dictamen lo hacen "desde la legitimidad democrática de la mayoría en ejercicio del poder político". Por contra, apunta que "la opción política minoritaria que detenta el grupo Egin comulga intelectualmente con el 'terror político'; su voz coincide con la de este último, aunque no sea su portavoz".

Ante la posibilidad de que el inicio de acciones legales contra el conjunto empresarial pueda chocar con la libertad de expresión, el informe señala que ésta, "como sucede en otros supuestos de conflictos con otros derechos fundamentales (por ejemplo, con el derecho a la intimidad y el honor) no ha de ser sacralizada".

La sociedad Ardatza, a la que la editora Orain traspasó los activos por las deudas que había acumulado con la Seguridad Social, declaró en 1996 un importe neto de la cifra de negocios de cero pesetas, según Europa Press. Ardatza tenía como administrador único a José Antonio Etxeberria, que fue detenido el pasado mayo.