La jueza de la dana tilda la tragedia de “infierno real” y pide un examen psicológico para las familias

“Un episodio dantesco, un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad”. La jueza de Catarroja (Valencia) que dirige la investigación de la riada que asoló la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre recurre en su último auto a un tono dramático para justificar la necesidad de las familias de los 227 fallecidos de recibir ayuda psicológica.

En su resolución, fechada este martes, la magistrada encarga un examen forense psicológico voluntario para los parientes de los fallecidos. El Instituto de Medicina Legal de Valencia será el encargado de recibir la documentación, evaluar la situación de los familiares y determinar si sufren estrés postraumático.

La jueza justifica esta medida tras un detallado relato del sufrimiento que causó la jornada en los familiares. “Un relevante número de ellos vieron desaparecer a sus allegados delante de sus ojos. Padres, cónyuges o hermanos arrastrados por un torrente de agua y barro. Un cónyuge conseguía poner a salvo a su esposa pero, sin embargo, él fallecía contra el arrastre del agua”, recoge el auto. La magistrada relata los últimos minutos hasta la muerte. “Algunas víctimas perdieron su vida tras haber enviado mensajes de audio de despedida a sus hijos, otros familiares llegaban a los domicilios de sus mayores y encontraban sus cuerpos sin vida”, relata la resolución.

La instructora, que ha tomado declaración a varios familiares, considera que “el daño psicológico se incrementó por la destrucción sufrida en los municipios: la tardanza en la llegada de ayuda, la ausencia de servicios básicos de agua, luz, electricidad, teléfono, inmuebles sin ascensor”. Y concluye que “al daño moral inherente a la pérdida de cualquier familiar cercano” se suma la posibilidad de “un síndrome de estrés postraumático” o “síndrome del superviviente”.

En su batería de pesquisas, la jueza está a la espera de recibir información de la Generalitat para conocer quién decidió enviar el mensaje masivo de alerta que llegó a los móviles a las 20.11 horas de la jornada, cuando ya se habían desbordado el barranco del Poyo y el río Magro, según un auto notificado este jueves.

La magistrada exige en sendos autos previos fianzas de 6.000 euros a Podemos, Vox y al sindicato CGT para ejercer la acusación popular en la causa.

Tras la catástrofe, se han presentado decenas de denuncias por parte de familiares de fallecidos en distintos municipios de los 78 ayuntamientos azotados por la dana. El juzgado número tres de Catarroja centraliza todas estas diligencias con la ayuda de cinco fiscales. La magistrada titular indaga una detallada querella de la principal organización de víctimas, la Asociación Horta Nord (380 miembros) suscrita por un centenar de familias que señala a cinco altos cargos del Ejecutivo valenciano de Carlos Mazón, del PP, y a la máxima autoridad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, Miguel Polo. Sos Desaparecidos ultima otra querella con más de 150 víctimas, la mayoría parientes de muertos, según fuentes próximas a esta entidad.