Antena 3 y Tele 5 rechazan el decreto que obligará al cambio masivo de televisores

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca), asociación formada por Antena 3 y Tele 5, ha pedido al Consejo de Estado que rechace el decreto por el que el Gobierno pretende promulgar el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. Una de las consecuencias alegadas es que la norma en cuestión obligará a cambiar el receptor de televisión en 15 millones de hogares y en un plazo predeterminado, operación que tendrá un coste aproximado de un billón de pesetas, según la valoración hecha en su día por Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno.Las alegaciones de ambas cadenas se oponen a la totalidad de la norma preparada por el Ministerio de Fomento, que ha sido remitida al alto órgano consultivo del Estado como asunto urgente. El departamento ministerial que ha elaborado el decreto pretende regular la televisión digital terrestre "con la misma técnica normativa que se emplearía para la reorganización de una Universidad Pública, de la propia Secretaría General de Comunicaciones, de la evacuación de aguas residuales, o del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas", explican las dos cadenas. En ninguna de estas regulaciones tradicionales es necesario un estudio previo de viabilidad económica, "que sin embargo es absolutamente ineludible en el caso de las regulaciones de sectores liberalizados", añaden.

Leyes, no órdenes

Las alegaciones de ambas empresas televisivas resaltan otros aspectos negativos de la operación puesta en marcha, desde "la inusitada precipitación que Fomento quiere imprimir en su tramitación y aprobación" a " la insuficiencia jurídica puesta de manifiesto en el Real Decreto".La introducción de la televisión digital terrestre "supondrá una verdadera revolución del sector audiovisual y un impacto importantísimo sobre muchos sectores económicos". Por ello no debe ser implantada sin "un debate profundo antes de incorporar medidas y cambios en el ordenamiento jurídico, como está ocurriendo en Gran Bretaña o Suecia, únicos países europeos adelantados en este sector".

Uteca añade que las "consecuenias verdaderas de las nuevas normas sobre ordenación de la televisión digital terrestre alteran sustancialmente el régimen jurídico de la televisión terrestre privada" y asegura que "el nuevo modelo de RTVE que se debate en el Congreso agrava más la situación", al consagrarse un sistema de doble financiación para la empresa estatal de radio y televisión. Izquierda Unida, por su parte, ha presentado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que paralice este decreto, sumándose así a una iniciativa similar adoptada por el PSOE hace una semana. IU quiere promover un amplio debate con todos los sectores implicados y exige al Ejecutivo que remita a la Cámara un proyecto de ley para regular este asunto.

El portavoz parlamentario de IU para telecomunicaciones, Felipe Alcaraz, dijo que las prisas sólo se entienden en el supuesto de que el Gobierno quiera articular en torno a la televisión un grupo mediático fuerte y afín a sus intereses.