Pública, pero sectaria

LA FINANCIACIÓN de la cuantiosa deuda acumulada por Radiotelevisión Española (RTVE) y la definición de un modelo económico para sostener el Ente Público se han convertido en un problema presupuestario muy grave que este Gobierno pretende despachar con una frivolidad inquietante. RTVE debe casi 600.000 millones de pesetas -principalmente deuda avalada por el Estado- y requiere, según los cálculos del propio Ejecutivo, unos 200.000 millones anuales para seguir funcionando. Además, la aportación de cifras tan descomunales no garantiza que en el futuro no vayan a acumularse de nuevo las pérdidas o que la gestión, hasta ahora negligente o puramente despilfarradora, vaya a ser corregida. El Gobierno del PP, o, para ser más exactos, la vicepresidencia que ocupa Francisco Álvarez Cascos, ha encarado este problema de exorbitantes implicaciones económicas con enfoque rutinario y continuista. Frente a los amagos verbales exhibidos durante la época preelectoral, que sugerían la posible privatización de la Segunda cadena y una racionalización en el gasto de la Primera, su informe financiero presentado en el Congreso apuesta por un Ente Público del mismo tamaño que el actual, por la intervención política y por la conexión presupuestaria. El Estado asumiría los 600.000 millones acumulados de deuda, pagaría entre el 60% y el 70% de los gastos anuales a través del Presupuesto y dejaría a los ingresos comerciales la financiación del resto. El informe establece la posibilidad de que Radio Nacional pueda introducir nuevamente publicidad, hipótesis rechazada por las emisoras privadas.La propuesta del vicepresidente del Gobierno no puede ser entendida más que como un reforzamiento de los mecanismos de control gubernamental sobre la radio y la televisión públicas. Si, hasta ahora, ese control justificaba la manipulación de los contenidos de ambos medios, la aportación de fondos presupuestarios multiplicaría la dependencia de tales contenidos de las decisiones del Ejecutivo. Es notable la desfachatez con que este Gobierno aplica un doble rasero en el tratamiento de las empresas públicas. Mientras utiliza una política de privatización a ultranza en el caso de las sociedades industriales, en RTVE emplea un intervencionismo solamente explicable por la avidez con que pretende manejar medios tan poderosos.

El informe de la vicepresidencia evita responder, probablemente de forma intencionada, a la pregunta fundamental que plantea su propuesta: ¿Tiene capacidad el Presupuesto español, obligado a un ajuste continuado derivado de las obligaciones del Pacto de Estabilidad, para asumir un gasto mínimo de 200.000 millones anuales más la amortización de la deuda acumulada? La respuesta más razonable es que no. Es también la opinión del director de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno, José Barea. Pero Álvarez Cascos ha pasado por encima de las recomendaciones más sensatas e ignorado la evidencia de que la televisión pública no ha mejorado compitiendo en calidad y publicidad con las privadas. Y se ha inclinado por la aventura de una financiación pública, un trágala político que no puede admitirse si no se ofrecen a cambio garantías sobre la viabilidad de RTVE, su neutralidad informativa y su calidad programática.

Nada de esto aparece en el plan Cascos, tan sutil como su inspirador. Los ciudadanos pagarán con sus impuestos los 600.000 millones que debe RTVE y una parte importante de su coste anual. A cambio, tienen en perspectiva una radio y televisión públicas descaradamente al servicio del Gobierno. Una financiación pública cargada sobre los bolsillos de todos es incompatible con espectáculos tan esperpénticos como las extensas entrevistas concedidas al juez Gómez de Liaño para criticar las decisiones del Supremo que le son contrarias; o tan insultante como la transmisión de la fotografía de Felipe González ilegalmente captada por un periódico madrileño cuando aquél declaraba como testigo en el caso Marey, que convierte a la televisión pública en cómplice de un delito. RTVE será más cara, pero no por ello menos sectaria.