La memoria del agravio

A los técnicos de las consejerías de Presidencia y Hacienda y a la oposición en el Parlamento regional les aguarda una misión ardua: cifrar la compensación económica que deben percibir los madrileños que sufrieron penas de cárcel y persecuciones políticas desde que terminó la guerra civil hasta la transición democrática. Conscientes de que para muchas víctimas "no será suficiente ni todo el oro del mundo", los integrantes de la comisión tratarán de indemnizar a quienes dejó sin ayuda el decreto del Gobierno central aprobado en 1990. Si se cumplen los plazos, los afectados podrían recibir una sola compensación económica del Gobierno regional a principios del año próximo, pues las cantidades se incluirán en el presupuesto autonómico de 1999."Mejor sería que se reconocieran las injusticias cometidas con nosotros y que se pidiesen cuentas a sus responsables". Habla Fedor Adsuar, el miembro más crítico de los supervivientes de la Asociación de Ex Presos Políticos, con sede en la calle de Campomanes. Este madrileño de 63 años se quedó al margen de la ley 47/77, de 15 de octubre, sobre amnistía a los represaliados políticos, porque no cumplía uno de los requisitos exigidos: para cobrar era imprescindible haber cumplido 65 años antes del 31 de diciembre de 1990. Otra de las condiciones era tener un mínimo de tres años de cárcel, pero en ese aspecto, a Fedor le sobraban puntos, se pasó cuatro años entre rejas. El caso es que se vio excluido del grupo de potenciales indemnizados que, por la ley estatal, recibieron de un millón de pesetas en adelante.

Con el decreto aprobado por el Ejecutivo regional el 4 de junio a instancias de la coalición Izquierda Unida, se han borrado los mínimos de edad y de permanencia en prisión, de modo que Fedor espera recibir, esta vez sí, "unas pesetillas". No se conforma, sin embargo, este militante del Partido Comunista, ya que le gustaría que "los responsables de tanta barbaridad pasasen la vergüenza de reconocerlo en público". Fedor fue condenado a 12 años de cárcel por repartir octavillas contra el régimen franquista en Madrid. Tenía 24 años y a los cuatro de cumplir condena consiguió la libertad gracias a un indulto propiciado, ironías del destino, por el advenimiento de un nuevo Papa.

A tenor de la resolución de la Asamblea regional, los miembros de la comisión no sólo deberán determinar -en un plazo máximo de seis meses- la cantidad que se otorga a cada madrileño, sino también el número de personas que van a recibir la indemnización. "Es un trabajo arduo y penoso, ya que se trata de evitar el fraude, pero también de no dejarse a nadie fuera", reconocen desde la Consejería de Presidencia. "En nuestra Comunidad, los no incluidos en la ley estatal de 1990 no superan las 80 personas", se indica en el documento del Parlamento autonómico. Un cálculo que difiere del que han hecho en la Asociación de Ex Presos Políticos: "Nosotros creemos que se acercan a 200", replican.

Flor Cernuda tiene 80 años y opina que si los políticos no se dan prisa recibirá el pago en coronas de flores. Por algo es conocida entre sus amigos como la "decana del sufrimiento"; Flor fue la madrileña que más veces estuvo ante un pelotón de fusilamiento y, como es patente, de todos salió viva. Cree ser, de hecho, la única sobreviviente del conocido Socorro Rojo, aquel ramillete de voluntarias que curaban a los soldados que volvían heridos del frente. La conclusión de la guerra, en abril de 1939, no fue un bálsamo para Flor, a quien, a sus 21 años, le quedaban muchos días duros por sufrir. "Dos campesinos vinieron a mi casa de Toledo para pedirme que les acompañase al Ayuntamiento; no volví hasta casi tres años después", evoca aún con rictus de rabia. Pero aquel calvario no se registró en ningún documento, en su piel lo más. Por ese "descuido" Flor perdió la oportunidad de acogerse a las ayudas que el Gobierno central entregó en 1990.

Para Manuel Corpa (49 años), la indemnización llega con 20 años de retraso. "El hecho de que ahora se amplíen los supuestos de la ley de 1990 me parece justo, porque entonces se olvidaron de quienes luchamos por la democracia tras la guerra civil", aclara.

Este madrileño continúa en la actividad política como único concejal del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Móstoles (196.500 habitantes) y como candidato a la alcaldía de esa localidad en representación de Foro El Olivo. Vivió los agitados años sesenta en el barrio de Vallecas, organizando asociaciones vecinales y distribuyendo propaganda contra el régimen. Pronto se convirtió en un miembro de un grupo clandestino denominado Comisiones Obreras de Barrios, por lo que la policía le detuvo en los días previos al Primero de Mayo de 1960. "Estuve 72 horas en el calabozo de la entonces Dirección General de Seguridad, donde ahora Gallardón tiene su sede, en la Puerta del Sol". En noviembre de ese año le volvieron a detener cuando participaba, octavillas en mano, en una manifestación contra la pena de muerte. Ingresó en la cárcel de Carabanchel con una petición de tres años y cuatro meses por los delitos de manifestación y propaganda ilegal, pero sólo estuvo siete meses a la sombra. "Al cabo de ese tiempo, mi abogada, que es la actual senadora socialista Francisca Sauquillo, logró que me condenasen sólo a cuatro meses, por lo que quedé libre", recuerda.

Manuel Corpa volvió a las andadas otra vez en el mes de noviembre, pero de 1972; la policía lo cazó en Santander cuando iba a recoger un paquete de octavillas a una oficina. "Me condenaron a cuatro años, dos meses y un día de cárcel, pero sólo cumplí tres años porque se murió Franco", concluye.