España sostiene que la reforma de las ayudas al aceite de oliva es contraria al Tratado de la UE
La reforma del sistema de ayudas al aceite de oliva es contraria al Tratado de la Unión Europea, afirmó ayer la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, al resto de sus colegas en la primera jornada del consejo-maratón de los ministros europeos del ramo. Aunque no lo dijo con claridad, pareció una insinuación de que España puede denunciar la reforma ante el Tribunal de Luxemburgo. Además del aceite de oliva, los ministros deben cerrar muchos temas polémicos, como el tabaco, el plátano, el cáñamo, la campaña de precios, el barbecho obligatorio de cereal y las normas de bienestar animal.
Loyola de Palacio exigió a sus colegas que se aumenten los fondos comunitarios destinados al aceite de oliva "para evitar una discriminación sin precedentes en la Unión Europea" desde la adhesión española. La ministra insistió ante sus colegas en que la reforma "es discriminatoria y por tanto va en contra del apartado 3 del artículo 40 del tratado".Este artículo consagra que una organización común de mercados (OCM) "deberá excluir toda discriminación entre productores o consumidores de la Comunidad". Aunque no lo afirmó de forma explícita, en las palabras de la ministra va implícita la posibilidad de que el Gobierno español acabe denunciando la reforma del olivar ante el Tribunal de Luxemburgo si finalmente llega a la conclusión de que el sector es discriminado frente al resto de competidores europeos.
Ambigüedad De Palacio fue ante la prensa tan ambigua como ante sus colegas y ni confirmó ni desmintió una posible apelación al tribunal: "He dicho lo que he dicho" afirmó.
En el resto de su intervención, De Palacio insistió en aspectos ya conocidos. Recordó que el aceite de oliva "es un sector que afecta gravemente intereses vitales" españoles; reclamó que la cantidad máxima garantizada de aceite con derecho a ayuda pase de 1.562.400 toneladas como propone la Comisión Europea a 1,8 millones de toneladas como defiende el Parlamento Europeo; pidió una disminución del 5% del precio de la ayuda por kilo para poder aumentar la cantidad total de aceite europeo con derecho a ayuda, sin que eso se haga sólo a costa de aumentar el presupuesto comunitario; se opuso a la implantación de un reparto de esas ayudas por cuotas nacionales, y condicionó la aceptación de esas cuotas nacionales a que reflejen "la realidad productiva de cada país" y a que los sobrantes anuales puedan repartirse entre el resto de productores.
Las reivindicaciones españolas parecieron empezar a abrirse algún camino, pero el ministro alemán Jochen Borchert echó un jarro de agua fría: "Somos conscientes de los problemas de los países productores, pero la reforma debe respetar la neutralidad presupuestaria". Es decir, ni una peseta más para el olivo. Más comprensivos se habían mostrado otros colegas, como el belga, el holandés o el austriaco. Los menos comprensivos fueron los competidores de España. El italiano Michele Pinto, apoyado por el griego y el francés, se opuso a recortar el montante de la ayuda por kilo y se negó a que los excedentes de ayudas de un país se repartan entre los demás.
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