El Vinalopó concentra el mayor porcentaje de economía sumergida de la Comunidad Valenciana

Los niveles de clandestinidad económica de las comarcas del Vinalopó superan con creces las cifras que se dan en el resto de la Comunidad, según reconoce el propio director general de Trabajo, Román Ceballos. Sectores como el turismo, la hostelería, la agricultura o la construcción se nutren de un gran número de negocios clandestinos o de otros perfectamente legales pero con trabajadores en situación irregular. No obstante, las grandes bolsas de ilegales se relacionan directamente con sectores industriales manufactureros, y es del todo punto imposible cuantificar el volumen del negocio.

Está a la vista de todos, pero aún así se denomina sumergida. Es la economía paralela, la que no aparece en las cifras anuales de la Administración, pero que sólo en la Comunidad Valenciana mueve miles de millones al año y permite subsistir a un número muy elevado de personas. "Somos los trabajadores más productivos del mundo". Juan Antonio Macià, de UGT Elche, utiliza esta frase, con sorna, para dar a entender que la plantilla oficial de trabajadores del calzado "es imposible que genere la producción que los empresarios reconocen". Para Macià, las cifras no cuadran. El sector empleaba en 1985 a 45.000 personas, plantilla que pasó en 1997 a estar compuesta por 25.000 operarios, mientras la inversión tecnológica en esos años ha sido "mínima", según el sindicalista. "Yo calculo que como mínimo 17.000 empleos están sumergidos", señaló. Por otra parte, desde CCOO se recuerda que un estudio de la Generalitat de 1995, indica que en la economía sumergida se fabrica entre el 30% y el 35% del volumen de producción de el sector. Este sindicato, además, indica que según las encuestas de población activa realizadas el año pasado, el 63,43% de los trabajadores del calzado son eventuales y tienen contratos precarios. El 70% de la producción nacional de calzado se concentra en la provincia de Alicante. En toda la Comunidad Valenciana existen 1.754 empresas del sector legalmente establecidas, en su mayoría ubicadas en las localidades de Elda, Elche y Villena. La producción del calzado en 1996 fue de 196 millones de pares, y desde la Comunidad Valenciana se exportaron zapatos por valor de 241.614 millones de pesetas. Estas cifras demuestran que el sector va bien, pero aún así no se genera empleo estable. Nadie tiene una fórmula para acabar con el problema, pero todos los agentes implicados (Administración, sindicatos y empresarios) lo aceptan, por no decir lo consienten. Todos coinciden en que las inspecciones de Trabajo, aunque necesarias, no atajan el problema, porque los técnicos de la administración únicamente visitan las fábricas que conocen, es decir, las que están dadas de alta. Cualquier persona que se acerque a Elche o Elda, por ejemplo, podrá escuchar los ruidos de las máquinas de aparar detrás de cualquier persiana de un local aparentemente abandonado o de la ventana de un domicilio particular. Otro tipo de inspección que podría llevar a cabo la Administración, como aseguran los sindicatos, es controlar los niveles de consumo eléctrico. "En estas zonas, hay muchas casas de campo que consumen más que una fábrica porque en verdad albergan un taller clandestino", aseguran las centrales. Los empresarios legalmente establecidos critican estas prácticas y aseguran que, además de perjudicar la imagen del sector, su actividad es una competencia desleal. Según reconocen todos los agentes implicados, si un empresario legal y otro ilegal pagan la misma cantidad a sus empleados, el segundo se ahorra un 30% del coste del producto. Aún así, muchas fábricas se han convertido en meras firmas porque han descentralizado su producción y desvían algunos procesos hacia pequeños talleres que, en su mayoría, son clandestinos. El portavoz de la Asociación de Empresarios de Elche, Pedro Méndez, reconoce que las firmas que dan trabajo a los clandestinos pueden tener responsabilidades civiles subsidiarias, si se prueba que los encargos parten de estas grandes empresas. "Se ha dado más de un caso en que la justicia ha reconocido una relación laboral aunque los empleados trabajasen físicamente en otro centro", dijo Méndez. La patronal, no obstante, propone a la administración que articule mecanismos que favorezcan el afloramiento de las industrias sumergidas. Los empresarios plantean que a este tipo de talleres se les aplique unas consideraciones fiscales similares a los que tienen las empresas de artesanía. Otro tipo de economía sumergida menos agresiva que la del calzado aunque igualmente fraudulenta, es la que pervive alrededor de la industria del textil. En este caso, por las características de la producción alicantina, las fábricas son perfectamente legales, pero una buena parte de sus plantillas no están dadas de alta o tienen contratos en precario. Las zonas por excelencia por las que se extiende este sector son L"Alcoià, El Comtat y en menor medida la localidad de Crevillent, donde están ubicadas centenares de empresas que elaboran alfombras. El sector exportó el año pasado productos por un valor superior a los 26.000 millones de pesetas.