La instrucción de Garzón estuvo bajo sospecha de parcialidad, dice Belloch

Juan Alberto Belloch, ex ministro de Justicia e Interior y portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso, aseguró ayer que el juez Garzón debió haberse abstenido por iniciativa propia de hacer la instrucción del caso Marey por las sospechas de falta de imparcialidad que ha provocado debido a su paso anterior por el Ministerio del Interior como secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas. Belloch sostiene que el juez de la Audiencia Nacional "ha generado una instrucción en la que las sospechas de no imparcialidad se han mantenido durante demasiados años".

Belloch confesó que cuando él era ministro del Interior, Garzón le pidió "expresamente" que le nombrara secretario de Estado de Interior, a lo que se negó argumentando que para ese puesto iba a nombrar a Margarita Robles. "Estoy convencido de que el paso del tiempo ha puesto en evidencia que hubiera sido realmente terrible que una personalidad del tipo de Garzón hubiera ocupado ese puesto". Las aspiraciones del juez, añadió, eran más altas ya que pretendía ser nombrado ministro de Justicia, aunque esto no se lo pidió a Belloch porque correspondía hablarlo con el presidente del Ejecutivo. Según él, el problema que se plantea ahora es "hasta qué punto personas que han tenido funciones de esa naturaleza pueden dar imagen de imparcialidad".Belloch indicó que afortunadamente ese asunto tiene actualmente una importancia menor, ya que el caso está ahora en manos del Tribunal Supremo, pero subrayó: "Durante demasiado tiempo ha estado sometido el prestigio de la Justicia a unas sospechas de parcialidad que han determinado cosas concretas, como ha sido el cambio de la ley, precisamente para que nunca más sea posible una instrucción como la que hizo Garzón.

El juicio del caso Marey desencadenó ayer más comentarios en el ámbito político. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en declaraciones recogidas por Europa Press, aseguró que en todo este asunto ha habido "un ajuste político de cuentas" desde antes de que el proceso llegase al Supremo. Se ha intentado "desacreditar, deslegitimar o borrar un período de la reciente historia de España, el que va desde 1982 a 1996, desde determinados medios de comunicación, algunas instancias judiciales y también desde el PP cuando estaba en la oposición y también ahora en el Gobierno.

Un periódico y un juez

En la misma línea, Alfonso Guerra dijo que está demostrada "la intervención extrajudicial de un determinado periódico en combinación con un juez y luego de un partido político, que es el PP". José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, reiteró que cree en la inocencia de Barrionuevo y apuntó que "cuando gobernaba Fraga, Ibáñez Freire y Martín Villa también hubo muertes y yo creo en su inocencia".También entró ayer en polémica Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV en el Congreso, quien dijo que las conversaciones de Argel fueron de ETA y el GAL y que Felipe González tiene responsabilidad por omisión. Juan Manuel Eguiagaray le respondió que "la capacidad de injuriar de Anasagasti ha traspasado ya todos los límites".