Tribunal necesario

LA NECESIDAD de la existencia de un tribunal permanente para juzgar crímenes de guerra y otras violaciones de los derechos humanos vuelve a estar, por desgracia, de plena actualidad. Cada vez es más firme y generalizada la convicción de que sólo un tribunal internacional puede convertirse en una instancia efectiva para exigir responsabilidades por crímenes cometidos en conflictos bélicos y en la represión política. Se trata que crear un tribunal ante el cual los acusados gocen de plenas garantías procesales. Con este fin se celebrará la próxima semana una Conferencia Diplomática en Roma, que debe iniciar los procedimientos para la creación de un Tribunal Penal Internacional.Como se ha visto en Ruanda y en tantas otras zonas de conflicto, los acusados de crímenes brutales y genocidio suelen fácilmente acabar siendo a su vez víctimas de parodias de justicia escenificadas por los vencedores. Por eso es imprescindible garantizar la aplicación de todas las garantías jurídicas por parte de un tribunal independiente frente a los conflictos en que hubieran estado implicados los acusados.

La nueva era iniciada con el fin de la bipolaridad en el mundo ofrece por primera vez la oportunidad para establecer un compromiso global de condenar estos crímenes y perseguirlos allá donde no haya sido posible evitarlos. Pero al mismo tiempo dicha nueva constelación internacional favorece la proliferación de conflictos regionales en los que estos crímenes proliferan.

Desde Colombia a Cachemira, desde Georgia a Angola, son decenas los conflictos en los que se violan sistemáticamente todos los derechos de los combatientes y, ante todo, de la población civil. Las dificultades para hacer frente a estos desmanes en el umbral del siglo XXI son inmensas. También en Europa. Cuando el Tribunal de La Haya, creado para perseguir los crímenes de la pasada guerra de Yugoslavia, apenas ha juzgado a unos cuantos acusados de bajo o medio rango, vuelve a estallar el conflicto, esta vez en Kosovo, y las primeras noticias hablan ya de ejecuciones de civiles desarmados y la vuelta a la infame práctica de la limpieza étnica.

La tarea de la Conferencia de Roma está jalonada de obstáculos. El principal de ellos es la necesaria cesión de soberanía que lleva implícita la aceptación de este tribunal. Todos los Estados son, por naturaleza, reticentes a dar pasos en este sentido. Pero sobre todo aquellos que más pueden temer ver a miembros de su administración, ejército o policía ante dicho tribunal. De nada serviría un acuerdo muy bueno sobre el papel si después sólo lo aceptan y reconocen los países democráticos cuyas legislaciones propias ya hacen muy difícil que se produzcan tales crímenes bajo su soberanía. Pero otra forma de matar el proyecto antes de que comience es negarle los recursos necesarios para su funcionamiento. Un tribunal sin dinero para funcionar es inútil y sólo serviría para engañar a una opinión pública internacional que cada vez reclama con mayor energía que estos crímenes no queden impunes. Es, por tanto, necesario un esfuerzo común, político y económico, para crear una institución solvente, viable y efectiva. Sólo un trbunal de estas características puede servir como factor de disuasión para criminales potenciales y como fuerza que impone la justicia para los ya consumados.