Política lingüística

Soy una mujer barcelonesa que, como tantas y tantos ciudadanos de Cataluña, hablo castellano. Durante la dictadura viví la indignidad de ver el catalán, parte de mi cultura, prohibido. Por eso salí a la calle para exigir la libertad, la amnistía y el Estatut. Con la nueva ley de política lingüística -y también con la anterior- vuelvo a vivir la indignidad de ver la lengua castellana -mi lengua, la otra lengua de Cataluña- rebajada a la categoría de «no propia». Me siento estafada y engañada. Desde ahora ya no puedo acceder a un puesto de trabajo en el sector público ni en la Administración en mi tierra natal. Me he convertido en ciudadana de segunda categoría merced a la castellanofobia y al apartheid lingüístico que se ha instalado oficialmente en Cataluña, pero esta vez con el beneplácito de diputados, parlamentos, defensores del pueblo y Síndic de Greuges, en perfecta entente, en perfecta con-fusión de poderes y de ideologías. ¿Quién va a defender ahora nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión? ¿Quién podrá confiar a partir de ahora en la independencia de quienes estaban llamados a defender nuestros derechos y libertades básicos? ¿Se imagina alguien a los neerlandófonos belgas obligando a los francófonos belgas a vivir, trabajar y hablar en neerlandés (escuela, cine, televisión, Administración, Sanidad, subvenciones...)?-