Guerra sindical contra la reforma de Correos

El servicio postal universal es aquel que debe garantizarse a todos los ciudadanos, con una tarifa asequible y con independencia de donde habiten. Por definición, el servicio universal son los giros postales, el correo ordinario nacional e internacional y los servicios de protección de envíos contra el robo o deterioro. La obligación de garantizar este servicio es del Estado, a través de la regulación de su sistema de correos público.Las huelgas y movilizaciones organizadas por los sindicatos en protesta contra el proyecto de Ley Postal, aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado 30 de abril y ahora en trámite en el Senado, se deben a que éstos no creen que la nueva ley garantice debidamente el servicio universal y pretenden, fundamentalmente, dos modificaciones sustanciales.

Una es ampliar el ámbito de la definición de servicio postal universal y la reserva de Correos en la prestación de ese servicio. La otra, las bases de la financiación del correo público, que tuvo un déficit de 19.000 millones de pesetas durante el ejercicio de 1997, casi la mitad de los 36.000 millones registrados durante el ejercicio anterior.

La nueva Ley Postal reserva a Correos el servicio interurbano de régimen ordinario -no urgente- de envíos de menos de 350 gramos y transfronterizos, el de giro postal, el derecho a establecer apartados postales y a utilizar sellos. Todos los demás servicios, e incluso algunos de los servicios universales, como los envíos ordinarios de cartas urbanas, los interurbanos e internacionales de más de 350 gramos y el de paquetes de hasta 10 kilos, se prestarán en régimen de libre competencia y tarifas.

La Plataforma Unitaria Sindical, encabezada por UGT junto a otros cuatro sindicatos, propone que Correos preste en exclusiva el servicio ordinario o urgente de hasta 350 gramos, nacional e internacional, con una tarifa fijada por el Gobierno. Es decir, que el nuevo texto excluya la palabra "ordinario" y la diferenciación entre urbano e interurbano.

Según el sindicato, la directiva europea sobre el sector no utiliza el criterio de urbano e interurbano para dividir la reserva de servicios postales; sólo emplea los criterios de peso y precio de los envíos. El hecho de que el servicio de cartas urbanas sea de libre competencia, explica UGT, despoja a Correos del servicio más rentable, vital para su autofinanciación.

El proyecto alternativo del PSOE también elimina la división territorial, pero mantiene que la exclusividad de Correos se limite a los envíos "ordinarios". Comisiones Obreras y el Sindicato Gallego de Correos-CIG se separaron de la Plataforma Unitaria tras haber llegado unilateralmente a un acuerdo con el Ministerio de Fomento el pasado 13 de mayo. Ambos sindicatos no se sumaron a las últimas jornadas de huelga, los pasados días 21, 22 y 25 de mayo.

Para proveer de recursos económicos a Correos y Telégrafos, el proyecto de Ley Postal crea un Fondo de Compensación que se nutrirá de los competidores privados, de los recursos que genere el propio operador público, de la consignación anual que figure en los presupuestos como compensación por la carga financiera de la prestación del servicio universal, y de las donaciones de particulares y empresas.

Con la nueva ley, el correo público ya no rendirá cuentas al Parlamento, sino al Ministerio de Fomento, puesto que la financiación extrapresupuestaria será gestionada directamente por el ministerio. Tanto UGT como la patronal de compañías privadas de mensajería urgente, como DHL, MRW o UPS, la Asociación Española de Couriers Internacionales (AECI) y la Asociación de Empresas de Carga Fraccionada (AECAF), están en contra de este sistema. Aunque han llegado a esta conclusión por separado, puesto que nunca se han reunido para tratarlo.

Liberalización total

En el proyecto de la nueva Ley Postal se estipula un contrato programa que entrará en vigor el 1 de enero de 1999, por el que el Estado se compromete a invertir 55.000 millones de pesetas en Correos hasta el año 2003, fecha en la que la Comisión Europea revisará la directiva correspondiente, con perspectivas de liberalizar totalmente el sector de correos europeo. En el proyecto también se incluyen inversiones de 1.400 millones destinados a la formación de personal y de 1.000 millones para medidas de acción social.Según UGT, la nueva ley sigue una línea contraria a la que están trazando todos los Gobiernos europeos con sus operadores postales. Aunque el fondo figura como una posibilidad de financiación en la directiva, no es obligatorio adoptar este sistema. Este mecanismo, asegura el sindicato, crea unos instrumentos más caros de gestionar, menos transparentes e irrelevantes para alcanzar la financiación del operador público.

La posición de este sindicato es que la financiación de Correos debe seguir dependiendo en su totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, a través del plan de prestación del servicio universal cuando no alcance el equilibrio financiero. La propuesta del PSOE también rechaza este método de financiación y propone que Correos permanezca bajo el control del Parlamento y que su financiación proceda de los fondos que éste le destine.

La aportación que deben hacer los operadores privados al servicio público se nutre de una horquilla que va del 1 por 100 al 1 por 1.000 de su facturación. "El objetivo es garantizar la prestación del servicio postal universal, pero no se ha hecho ningún estudio del coste de este servicio. ¿Cómo se puede entonces calcular que el 1 por 100 o el 1 por 1.000 de la facturación, o un porcentaje intermedio, es lo que se necesita para financiar al operador público?", se pregunta Alberto Garrido, secretario general de AECI.

Rafael Sanz, secretario general de AECAF, califica el sistema de financiación de "aberrante" y critica con dureza todo el proceso de elaboración del proyecto de ley y la actitud de Fomento, que, según Sanz, "nunca nos ha recibido para oír nuestra opinión sobre la ley, que afecta al 40% de la actividad privada de correos". Y agrega: "Si la ley se aprueba, presentaremos una queja ante la Comisión Europea".

José Manuel Villar Uribarri, secretario general de Comunicaciones, sostiene que el sistema de financiación previsto garantizará el empleo de los 65.000 trabajadores de Correos. Según Villar, "España ha conseguido, junto a Alemania y Francia, que la directiva europea establezca un ámbito de reserva interurbano de 350 gramos; la posición española es una de las menos liberalizadoras, en contra de lo que desearían las empresas privadas".

Villar Uribarri ha acusado a UGT de organizar las huelgas por "motivaciones políticas" y no por el interés por los trabajadores que representa. En cuanto a la aportación de los operadores privados, Villar explica que la horquilla de cuota por facturación está dirigida a abarcar desde los pequeños y medianos hasta los grandes operadores privados que podrán entrar en el mercado español, como el correo holandés.