Hablar sale caro

L A PROPUESTA de subida de tarifas telefónicas presentada por el Ministerio de Fomento ha desencadenado un nuevo enfrentamiento entre el titular del ramo, Rafael Arias-Salgado, encargado de coordinar la política de telecomunicaciones, y la Compañía Telefónica de España, presidida por Juan Villalonga, participada y controlada por el Estado hasta hace un año. Los altos cargos de Telefónica no se han privado de criticar y rechazar abiertamente el nuevo esquema de tarifas que ha propuesto el Gobierno, particularmente en el tema de las llamadas urbanas. Los consumidores también rechazan la propuesta de Fomento, aunque por razones muy distintas a las de la compañía. El resultado de este intercambio de protestas es una ceremonia de confusión. Pero el que al final acaba pagando es el consumidor, que tendrá que sufragar un aumento del 8,2% más por las llamadas urbanas en nombre de un supuesto reequilibrio que rebaja las tarifas interurbanas e internacionales y sube las locales.El desabrido enfrentamiento entre Fomento y Telefónica se fundamenta, según la compañía, en que las tarifas del Gobierno penalizan las llamadas de larga duración, superiores a 2.40 minutos. La propuesta de Arias- Salgado abarata los dos primeros pasos de cada llamada telefónica, reduce de 180 a 160 los primeros segundos cubiertos por esos pasos y encarece el siguiente minuto de conversación. Más allá de los tres minutos de llamada, la subida se dispara hasta casi el 160% en conversaciones de 15 minutos, por ejemplo. La estructura de subidas que ha diseñado Fomento tiene un impacto favorable sobre el IPC, puesto que para medir los precios solamente se contabilizan las llamadas urbanas inferiores a dos minutos.

La discusión sobre la estructura de las tarifas oculta las dificultades del proceso de liberalización del servicio telefónico en España. El reequilibrio interno de los precios debió completarse antes de la privatización de Telefónica y la liberalización parcial del mercado. Ahora, los ciudadanos se encuentran ante la paradoja de que el Gobierno actúa como regulador en un servicio parcialmente liberalizado, pero en el que Telefónica mantiene todavía un monopolio de hecho sobre las llamadas urbanas.

Bien está que Telefónica llame la atención sobre lo que considera insuficiencias tarifarias que, en su opinión, «lesionan gravemente su cuenta de resultados»; pero elevar el tono hasta el rechazo abierto y la protesta alborotada es una reacción desproporcionada y teatral. Olvidan los directivos de Telefónica que está vigente un procedimiento de transición hacia la liberalización total del servicio telefónico; que ese procedimiento implica una regulación tarifaria que permita a los operadores de la competencia abrir su propio hueco en el mercado, y que mal podrían los incipientes operadores encontrar una cuota de mercado si tuvieran que competir en igualdad de condiciones con una empresa que ha actuado en régimen monopolístico durante largos decenios. A partir de diciembre de este año podrá demostrar Telefónica su capacidad de competir en un mercado abierto. Es posible que la competencia entre operadores recorte entonces las tarifas. Pero, a corto plazo, los consumidores volverán a pagar las consecuencias del desorden en el sector de telecomunicaciones, pues las llamadas locales, las más utilizadas por los ciudadanos, van a subir. Y bastante más que el IPC.