La Junta de Andalucía concede la licencia para abrir el Rey Chico

La Comisión de Ordenación del Territorio, dependiente de la Junta de Andalucía, concedió ayer la licencia de ocupación a Virginio Sánchez, promotor del polémico restaurante Rey Chico, situado a los pies de la colina de la Alhambra, con la que teóricamente puede abrir en los próximos días. La citada comisión está facultada para dar las licencias que competen a los ayuntamientos si estos no responden en los plazos legales. Sánchez, que tiene firmado un preacuerdo con el Ayuntamiento de Granada con las contrapartidas que recibirá a cambio del derribo del edificio, declaró ayer que no tiene por el momento intención de utilizar el permiso y abrir el establecimiento y se mostró dispuesto a continuar las conversaciones.Sin embargo, desde un punto de vista urbanístico, no existe ya ningún impedimento para que el Rey Chico pueda abrir sus puertas, según explicó ayer el delegado de la consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Pedro Julián Lara. Un comité formado por técnicos del Colegio de Arquitectos, de las consejerías de Cultura, Obras Públicas y Medio Ambiente, y del Patronato de la Alhambra elaboraron hace pocos días un informe que corrobora que el edificio ha cumplido todas las condiciones de las licencias y permisos otorgados por el Ayuntamiento, la Alhambra y la Comisión del Patrimonio.

Informe

En consecuencia, la Comisión de Ordenación del Territorio acordó conceder la licencia de ocupación y otra por unas obras adicionales que no figuraban en el proyecto. Sánchez solicitó la intervención de la comisión después de que el Ayuntamiento de Granada suspendiera cualquier concesión administrativa que favoreciera la apertura del restaurante. Pedro Julián Lara explicó que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía ha respaldado con otro informe la validez de este procedimiento indirecto por el que el restaurante ha logrado la licencia. «Si no hubiéramos intervenido podríamos haber incurrido en un delito de prevaricación», explicó .La concesión de las licencias ha sido acordada unas horas después de que la ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, confirmara en Granada su disposición a pagar un tercio de la indemnización para derribar el edificio. El alcalde de Granada, Gabriel Díaz Berbel (PP), acusó ayer a la Junta de «poner chinitas en el camino» para resolver el conflicto urbanístico. Díaz Berbel se reunió el martes con Virginio Sánchez y Esperanza Aguirre . La ministra le garantizó que el Gobierno central incluirá en los presupuestos generales su contribución para indemnizar al empresario.

La Junta no tiene intención de formar parte de la comisión que negocia con el empresario. Jesús Quero, delegado de la Junta en Granada, dijo: «Como no creo en el problema, no creo en la solución. Al margen de la opinión estética, el edificio es perfectamente legal».