Geometría variable

L A POLÉMICA en torno al agujero financiero de la Seguridad Social es un buen ejemplo de intercambio vehemente de argumentos y cifras que los ciudadanos no llegan a entender y que, quizá precisamente por esa opacidad, resulta innecesariamente alarmista. Ni el primer partido de la oposición explica con suficiente claridad por qué el déficit de la Seguridad Social está situado en 753.000 millones de pesetas al cierre del ejercicio de 1997 ni el Gobierno aclara con suficiente contundencia que su cuantía es tan sólo de 268.000 millones, equivalente al 0,2% del PIB, que era el objetivo marcado. La polémica, enfocada en estos términos, se limita a un cruce de cifras de difícil comprobación que sólo sirve para alarmar a los pensionistas a pesar de que, casi protocolariamente, el Gobierno y la oposición aseguren que «el sistema público de pensiones no está en peligro».En el reciente debate de política general, Borrell aseguró que existía un déficit oculto en el sistema de pensiones, y advirtió del peligro de que con el cambio de criterio de contabilización -devengo, en lugar de caja- se estuviera ocultando el déficit del sistema computando como ingresos deudas incobrables. El debate sobre este déficit encubierto -confirmado, según Borrell, por un documento del director de la Oficina Presupuestaria, José Barea- se prolongó en la sesión parlamentaria de control del Gobierno. Ni la intervención de Borrell ni la posterior del ministro de Trabajo han contribuido a clarificar las cuentas de la Seguridad Social ni a despejar las incógnitas sobre ese supuesto agujero financiero en el sistema de pensiones, que tiene, al parecer, una geometría variable según quien lo calcule.

Si de verdad se quiere tranquilizar a los ciudadanos hoy cotizantes y eliminar cualquier sombra de temor acerca de la percepción de sus pensiones futuras, el Gobierno debería terminar un informe actualizado -que, según el secretario general de la Seguridad Social, ya se ha iniciado- sobre la cuantiosa deuda pendiente que las empresas e instituciones mantienen con la Seguridad Social, y que, según algunas versiones, se aproxima a los 600.000 millones de pesetas. Ese informe debería ser verificado y auditado, quizá por el Tribunal de Cuentas.

Debería explicar también cuáles han sido las fuentes de financiación de la Seguridad Social en la etapa socialista y en la actual. Si en algún sector de la Administración pública se ha utilizado con profusión la denominada contabilidad creativa, ha sido precisamente en éste. Facturas de Sanidad guardadas en un cajón, recurso a la máquina de hacer dinero del Banco de España, préstamos que aparecen y desaparecen como déficit, sustitución de déficit por endeudamiento y otros recursos contables se han utilizado en abundancia para enmascarar las cuentas de la Seguridad Social, que es una de las partidas más considerables del Presupuesto. Parece una irresponsabilidad emitir dudas sobre la viabilidad de las pensiones públicas -apuntaladas políticamente por el Pacto de Toledo- sin una demostración incontestable de lo que se afirma; y un error político responder a tales dudas con una catarata de cifras que sólo el Gobierno puede elaborar y contrastar.