La Audiencia Nacional rechaza el intento de Fernández Díaz de frenar el juicio de Kitchen: “Ya toca”

La Audiencia Nacional ha puesto freno al intento de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior de Mariano Rajoy, de suspender el juicio sobre el caso Kitchen y sacarlo de este tribunal especializado para llevarlo a los ordinarios de Madrid. “Ya tocaba poder celebrar este juicio”, ha contestado contundente la magistrada Teresa Palacios, que preside la vista oral sobre el espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas urdido en 2013. Esta maniobra del exdirigente popular supondría, según ha afirmado la jueza, nuevas “dilaciones indebidas” del procedimiento, que aborda una trama desplegada hace más de una década. “A los primeros que les duele, cuando la justicia tiene esta dilatación temporal, es a los propios tribunales”, ha dicho Palacios para justificar la decisión del tribunal, que también ha rechazado la pretensión del PSOE, personado como acusación popular, de retrotraer la causa y reabrirla para indagar en la presunta implicación de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP (a quien el magistrado instructor Manuel García-Castellón dejó fuera).

La segunda sesión del juicio sobre el caso Kitchen, que acoge la Audiencia Nacional desde esta semana, ha navegado de nuevo por aspectos técnicos. La Fiscalía Anticorrupción ha tomado la palabra este martes para contrarrestar los arduos esfuerzos vertidos el lunes por las defensas para tratar de anular las pruebas clave y todo el procedimiento. El ministerio público ha dedicado casi una hora a respaldar la validez de los indicios recabados durante la investigación abierta contra las cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Gobierno de Mariano Rajoy, que se sientan en el banquillo.

Durante sus primeras intervenciones, los abogados de los procesados desplegaron una amplia batería de argumentos para intentar que el tribunal tumbe la causa desde el origen (sin entrar al fondo del asunto) por una supuesta vulneración de derechos fundamentales o por irregularidades cometidas durante las pesquisas. Pero la acusación se ha centrado en frenar esa iniciativa. Y el tribunal se ha alienado con Anticorrupción.

Al igual que los magistrados, el fiscal César de Rivas ha dejado claro que, llegados a este punto, quiere que la vista oral siga adelante tal y como está. No solo se ha opuesto a los intentos de las defensas de tirar abajo la causa o de suspender el juicio por una supuesta falta de competencia de la Audiencia Nacional; sino que ha rechazado igualmente la solicitud del PSOE de retrotraer las pesquisas y reabrirlas para indagar en la presunta implicación de Cospedal. “La causa se encuentra sobreseída para ella. No procede ninguna investigación complementaria”, ha apuntado el representante del ministerio público.

Respecto a la exdirigente popular, la Fiscalía considera que el juez García-Castellón cerró en falso la instrucción y que no quiso ahondar en la supuesta implicación de altos cargos del PP en la Operación Kitchen, que tenía el supuesto objetivo de boicotear el caso Gürtel, que cercaba hace una década a la formación conservadora. Sin embargo, como el magistrado obtuvo el respaldo de la Sala de lo Penal y confirmó sus decisiones, Anticorrupción sostiene que el tribunal enjuiciador no puede ahora modificar ese marco. “No tiene competencias”, ha afirmado De Rivas, que ha rechazado también la reclamación de los socialistas de que se siente en el banquillo al PP como partícipe a título lucrativo —para que, en el caso de condena, los populares costeen el desvío de los fondos reservados utilizados por la trama (más de 53.000 euros, según el sumario)—. El tribunal le ha dado la razón en todo.

La abogada de la familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular como perjudicada, ha mantenido una postura idéntica a Anticorrupción. “Las personas que se quieren incluir ya fueron investigadas”, ha incidido en referencia a Cospedal. Los abogados de los procesados también se han manifestado en contra de las pretensiones del PSOE. De hecho, en esa línea, el letrado del comisario Marcelino Martín Blas, ha insistido en el nuevo retraso que supondría volver a reabrir la investigación: “Mi cliente tiene 73 años y esto supondría que no podría acabar de limpiar su nombre”.

Conexión del ‘caso Villarejo’

A lo largo de su intervención, el fiscal ha desgranado los distintos puntos que las defensas pusieron el lunes sobre la mesa. De Rivas ha subrayado que la Audiencia Nacional debe mantener la competencia, ya que el caso Kitchen guarda una “conexión” directa con el caso Villarejo, que se enjuicia en este tribunal especializado. El ministerio público expone que el comisario José Manuel Villarejo, que se encuentra entre los acusados, participó en la trama de espionaje a Bárcenas y, además, recibió un encargo de un particular vinculado a los acusados de Gürtel para boicotear esas pesquisas que cercaban al PP. Ese encargo se tradujo en el bautizado Proyecto SMP, que incluyó informes elaborados por la red empresarial de Villarejo y que tenía un coste de 15 millones de euros.

“Además, Villarejo y el comisario Enrique García Castaño [que también está acusado, pero no se sienta en el banquillo en este juicio porque sufrió un ictus] participaron en Kitchen para procurarse la impunidad de los otros delitos que estaban cometiendo”, ha profundizado Anticorrupción, en referencia a esos proyectos de particulares que ejecutaban en el seno del caso Villarejo. “No solo cometieron los hechos propios de Kitchen, sino que conservaron el material que habían conseguido para procurarse la impunidad”, ha apostillado el fiscal. Este ha recordado que, incluso, Villarejo amenazó a Ignacio Cosidó, exdiputado del PP y director general de la Policía con Rajoy, con “meter a todos en la cárcel” por el tema de la “cocina”, en referencia a Kitchen y a altos cargos del partido conservador.

En el banquillo se sientan las antiguas cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Gobierno de Mariano Rajoy. Jorge Fernández Díaz, quien fuera ministro de Interior de 2011 a 2016, se erige como el principal acusado. Pero lo acompañan Francisco Martínez, su antigua mano derecha y secretario de Estado de Seguridad; Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo; Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas a quien la trama captó como confidente; y otros seis ex altos mandos policiales, como el comisario José Manuel Villarejo.

Durante la sesión del lunes, prácticamente, todas las defensas actuaron como una sola voz para tratar de anular pruebas clave del caso, como los audios grabados en secreto por Villarejo durante lustros. También para denunciar que la investigación se mantuvo bajo secreto de sumario de forma excesiva. Este martes, el fiscal ha respondido a todos: ha respaldado la validez de los audios (que el tribunal ya ha aceptado en otros juicios del caso Villarejo) y ha afirmado que el secreto fue “moderado y proporcionado”.