Un modelo cuestionado

El caso de los contagios de hepatitis C en hospitales valencianos ha supuesto un duro golpe para el modelo sanitario implantado por el Gobierno del PP en la Generalitat, en concreto para la política de reducción de las listas de espera quirúrgicas. La oposición critica que el llamado plan de choque contra las listas de espera, inicialmente concebido como una medida de carácter meramente coyuntural, se haya prolongado hasta convertirse en estructural. También denuncia que el fallo de los mecanismos de la Consejería de Sanidad encargados de resolver cualquier problema relacionado con la desviación de enfermos desde la sanidad pública hacia los centros privados ha impedido controlar el brote de hepatitis.Según la propia Consejería de Sanidad, en el llamado plan de choque contra las listas de espera se ha registrado una desviación presupuestaria que en 1997 se acercó a los 1.500 millones con respecto a lo inicialmente previsto (de los 1.000 millones presupuestados a los 2.453 facturados). El desfase también afectó a los conciertos habituales con el sector privado: en este caso, la diferencia entre lo presupuestado y lo realmente facturado el año pasado fue de casi 4.000 millones (estaba previsto un gasto de 11.160 millones de pesetas y se facturaron 14.960 millones). En conjunto, más de 5.000 millones de desviación, que ponen de manifiesto lo que la oposición ha venido denunciando desde hace tiempo: la política del PP en sanidad pretende «favorecer» al sector privado mediante el trasvase de recursos desde la sanidad pública. O, como explicaba recientemente un diputado de la oposición: «Situar el interés privado por encima del derecho a la salud».

CC OO opina que «se está produciendo un abusivo desvío de recursos públicos hacia la sanidad privada, mientras se mantiene a los hospitales de la red pública en condiciones de precariedad». CC OO pide la dimisión del «reponsable de este desaguisado».

«El plan de choque está lleno de irregularidades administrativas que bordean la ley», señala José Mayans, miembro de la secretaría de Sanidad del PSPV-PSOE. Algunas clínicas privadas, denuncian los socialistas, no cumplen los requisitos que exige la Administración en cuanto a número de médicos, instalaciones y medios, lo que no ha impedido su inclusión en el plan de choque. En relación con esta cuestión los socialistas señalan a los servicios de inspección de Sanidad.

Los datos

Los números que han hecho los socialistas, extraídos de la información oficial proporcionada por la Consejería de Sanidad, comparan los datos de los centros públicos con los correspondientes a hospitales privados: durante 1997, en los 18 hospitales públicos, que sumaban 4.062 médicos, 8.083 camas y 133 quirófanos, se realizaron 84.800 intervenciones quirúrgicas. Mientras, en las 10 clínicas privadas analizadas, que contaban con 140 médicos de plantilla, 960 camas y 51 quirófanos, se efectuaron en el mismo periodo 24.487 operaciones. Así, en La Fe, de Valencia, hospital de referencia de la red pública valenciana, con 970 médicos en plantilla, 3.376 camas y 30 quirófanos, se acometieron el año pasado 15.710 intervenciones quirúrgicas. En el mismo periodo, el hospital privado Valencia al Mar, con nueve facultativos en plantilla, 153 camas y seis quirófanos logró completar 8.880 operaciones, mientras que en la Casa de Salud, que cuenta con nueve médicos fijos, 222 camas y también nueve quirófanos se quedó en 2.148 intervenciones.Aunque matizan que en los hospitales privados no operan sólo los médicos de plantilla, los socialistas no dudan en calificar de escandalosos estos datos, al tiempo que rechazan, por falaces, las conclusiones relativas a una mayor efectividad y productividad del sistema privado frente al público que se podrían extraer de los mismos. Como expresó un médico perteneciente al PSOE en el Consejo de Salud celebrado la pasada semana a raíz del brote, lo que el caso de los recientes contagios evidencia «es el propio concepto de asistencia por acto médico, las peonadas o conciertos con centros para la eliminación de las listas de espera, donde los facultativos despachan rápidamente una serie de actos quirúrgicos, con rápidos posoperatorios sin control ni seguimiento de los pacientes».

El consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, y sus colaboradores han optado por no contestar a estas acusaciones.